Acusa a Vox de no sustanciar los indicios sobre un posible delito y pide a la juez el sobreseimiento de la causa, dirigida contra altos cargos de Sanidad. Los contratos fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Francisco Igea presenta una denuncia ante la Fiscalía por posible malversación después de que el vicepresidente de la Junta publicase un vídeo de promoción de su partido que mostraba ambos logos.
"Las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del estado", desveló.
La mitad de los representantes adscritos a la Sala del Tribunal Supremo, la cúpula del Ministerio, piden que no siga adelante la enmienda que permitiría al Gobierno exigirle al FGE información sobre casos judiciales.
El jurista entiende que el alcalde de Madrid, en su condición de autoridad, debería haber llevado los hechos a los tribunales, por lo que podría incurrir un presunto un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
El tutor asume la obligación legal de rendir cuentas anualmente ante el juzgado respecto de la administración de los bienes del incapaz.
"Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada", ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la celebración del Consejo de Ministros.
Una persona puede tener la obligación de abonar ese dinero a sus hijos, bien porque se ha acordado en un convenio regulador o bien porque se ha dictado en una sentencia.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que el "hostigamiento" llegó a tal punto que llegaron a agredir en dos ocasiones a la mujer.
El acuerdo implica el reconocimiento de los hechos y supone rebajar la petición inicial un grado al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.
La Fiscalía subraya que las cifras del IMSERSO sobre los fallecimientos dan cuenta 6.479 decesos en la Comunidad de Miadrid, mientras que en los centro residenciales catalanes el número es de 5.744.
Sánchez Conde ha tomado posesión de su cargo en sendos actos celebrados en el Supremo y en la Fiscalía General, encabezados por el presidente del alto tribunal y del CGPJ y la fiscal general.
El club inició la investigación del "forensic" tras las primeras pesquisas encontradas en la auditoría interna que inició la nueva dirección de Joan Laporta nada más entrar en funciones.
La magistrada Margarita Valcarce ha tomado esta decisión después de que el Ministerio Fiscal asegurara que veía "vulnerado el principio de parcialidad objetiva".
Esta decisión de la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento llega después de que el pasado mes de julio de 2021 estos dos cargos del Govern reintegraran las cantidades.
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para el cabecilla, Gao Ping, al que endosa más de una decena de delitos.
Los magistrados, que desestiman el recurso de la Fiscalía, también rechazan juzgarle por un delito de insolvencia punible.
La Fiscalía pide que sea condenado a un año y diez meses de prisión y más de 3.000 euros de multa.
Cargan contra la fiscal general del Estado por su pasado político y le acusan de tomar "erráticas y sectarias actuaciones" en perjuicio del prestigio del Ministerio Fiscal, al que ha causado un "grave daño".
Los tribunales priman la vida y la salud del paciente y, en su caso, la de las personas con las que conviven, que en el caso de los ancianos de las residencias presentan un alto riesgo ante una infección por Covid.
La sentencia asegura que usó la normativa excepcional implantada por la pandemia de la Covid-19 para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas con los representantes de los trabajadores.
El comisario jubilado ha hecho unas declaraciones a los medios antes de la reanudación de su juicio por la macrocausa, que engloba más de 30 piezas sobre sus negocios privados.
Tendrá que pagar una indemnización de manera conjunta y solidaria junto con el resto de los condenados, según recoge la sentencia.
Su defensa pregunta ahora a la Sala de lo Penal si considera que el Ministerio Fiscal "está legitimado para impulsar -sin denuncia de la persona agraviada- la investigación" contra él por administración desleal.
Alega que "en absoluto puede considerarse acreditado" que "tuviera otra finalidad distinta de la de procurarse sustancias para autoconsumo".
Página 1 de 10