De esta forma se estima un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Cantabria que elevó del 10% al 15% el complemento de maternidad de una mujer al computar un hijo que nació sin vida.
Más de 500 accionistas minoritarios aseguran que el expresidente de la compañía Gonzalo Urquijo y el Consejo de Administración diseñaron un entramado para "enriquecerse con la destrucción" de la empresa.
Los socialistas presentan una enmienda a la Ley de Defensa de la Competencia para reforzar la protección de los denunciantes de corrupción y que no tengan que desvelar su identidad.
Cuando se acepta el cargo, lo primero que el Juzgado le requiere es la elaboración de un inventario del activo y el pasivo de la persona cuya capacidad haya sido modificada.
El expresidente del banco solicitó declarar, por segunda vez, en la causa sobre los encargos al comisario José Manuel Villarejo para esclarecer las dudas que han surgido en los últimos años de investigación.
Acusa a Vox de no sustanciar los indicios sobre un posible delito y pide a la juez el sobreseimiento de la causa, dirigida contra altos cargos de Sanidad. Los contratos fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Francisco Igea presenta una denuncia ante la Fiscalía por posible malversación después de que el vicepresidente de la Junta publicase un vídeo de promoción de su partido que mostraba ambos logos.
"Las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del estado", desveló.
La mitad de los representantes adscritos a la Sala del Tribunal Supremo, la cúpula del Ministerio, piden que no siga adelante la enmienda que permitiría al Gobierno exigirle al FGE información sobre casos judiciales.
El jurista entiende que el alcalde de Madrid, en su condición de autoridad, debería haber llevado los hechos a los tribunales, por lo que podría incurrir un presunto un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
El tutor asume la obligación legal de rendir cuentas anualmente ante el juzgado respecto de la administración de los bienes del incapaz.
"Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada", ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la celebración del Consejo de Ministros.
Una persona puede tener la obligación de abonar ese dinero a sus hijos, bien porque se ha acordado en un convenio regulador o bien porque se ha dictado en una sentencia.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que el "hostigamiento" llegó a tal punto que llegaron a agredir en dos ocasiones a la mujer.
El acuerdo implica el reconocimiento de los hechos y supone rebajar la petición inicial un grado al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.
La Fiscalía subraya que las cifras del IMSERSO sobre los fallecimientos dan cuenta 6.479 decesos en la Comunidad de Miadrid, mientras que en los centro residenciales catalanes el número es de 5.744.
Sánchez Conde ha tomado posesión de su cargo en sendos actos celebrados en el Supremo y en la Fiscalía General, encabezados por el presidente del alto tribunal y del CGPJ y la fiscal general.
El club inició la investigación del "forensic" tras las primeras pesquisas encontradas en la auditoría interna que inició la nueva dirección de Joan Laporta nada más entrar en funciones.
La magistrada Margarita Valcarce ha tomado esta decisión después de que el Ministerio Fiscal asegurara que veía "vulnerado el principio de parcialidad objetiva".
Esta decisión de la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento llega después de que el pasado mes de julio de 2021 estos dos cargos del Govern reintegraran las cantidades.
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para el cabecilla, Gao Ping, al que endosa más de una decena de delitos.
Los magistrados, que desestiman el recurso de la Fiscalía, también rechazan juzgarle por un delito de insolvencia punible.
La Fiscalía pide que sea condenado a un año y diez meses de prisión y más de 3.000 euros de multa.
Cargan contra la fiscal general del Estado por su pasado político y le acusan de tomar "erráticas y sectarias actuaciones" en perjuicio del prestigio del Ministerio Fiscal, al que ha causado un "grave daño".
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