El ex concejal de Majadahondafue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Subraya que el exfiscal del caso Villarejo no ha impugnado ninguno de los nombramientos que se concedieron en octubre de 2020, cuando se rechazó asignarle una plaza fija en dicha fiscalía especial.
"Soy fiscal y es lo que quiero ser", ha subrayado para luego insistir en que como fiscal no desarrolla funciones jurisdiccionales, sino funciones ejecutivas destinadas a una política criminal.
Deja sin efecto el calendario inicial y devuelve la causa al Juzgado Central de Instrucción número 1 para que las sociedades implicadas en la causa como personas jurídicas designen su defensa.
Piden al Ministerio Público que informe ya sobre si se debe admitir a trámite el recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de no investigar a Pedro Sánchez y a sus ministros por la gestión de la pandemia.
Ha respondido en una breve intervención ante el tribunal que "en absoluto" se reconoce autor de un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009.
El organismo alega que es reincidente en el delito de apología del terrorismo y que no se aprecian las razones de equidad, justicia y utilidad pública para concederle el perdón.
Su nombramiento como fiscal general del Estado levantó polémica debido a su anterior etapa como ministra de Justicia. Algunas las decisiones que ha tomado desde febrero de 2020 han sido cuestionadas.
"No ha asumido función alguna en coordinación con nadie para llevar a cabo ninguna actividad, fuera lícita o ilícita", ha asegurado.
Los fiscales insisten en su legitimidad para impulsar la imputación del expresidente de BBVA por un delito de administración desleal por la presunta utilización de los recursos del banco para su uso personal.
Fuentes jurídicas afirman que no podrá ser elegido para ningún cargo público durante la condena, lo que derivará en su salida del Congreso de los Diputados.
La Audiencia Provincial de Madrid comienza el próximo martes, a las 12:00 horas, el juicio contra I.A.R., acusado de un delito contra los derechos fundamentales y otro por amenazas.
El Ministerio Público remitió un escrito para informar sobre esta petición y acordó una reducción de seis meses de la pena de prisión, una decisión que, si progresa, deberá ser aprobada en el Consejo de Ministros.
El diputado de Unidas Podemos está procesado como presunto autor de una patada a un policía durante una manifestación en Canarias en 2014. Él asegura que todo es un montaje.
En la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro se escucharon gritos como "fuera maricas de nuestros barrios" o "fuera sidosos de Madrid".
Al igual que la Abogacía del Estado, considera que la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional que participó en el listado de los bienes del pazo no cometió ningún delito en esta actuación.
El principal argumento, tanto del juez como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito.
Asegura que Anticorrupción pidió al juez que investigue al 'dircom' del banco porque no encuentra pruebas que puedan ser utilizadas en contra de la entidad financiera sobre su falta de colaboración con la Justicia.
Sostiene que no tiene relación con el objeto de investigación de la causa. La fiscal ha advertido que "este procedimiento no se puede convertir en una constante auditoría de las cuentas de Podemos".
Los fiscales le atribuyen el uso de recursos de BBVA para obtener información de una finca en la que tenía interés personal.
Los fiscales del 'caso Tándem' fueron los que interesaron a principios de julio la imputación por los delitos de cohecho y revelación de secretos al entender que se habían saltado sus propios controles internos.
La Fiscalía sospecha que la cuota defraudada excedería los 600.000 euros, según han precisado las mismas fuentes, por lo que podría tratarse de un presunto delito.
La Fiscalía afirma que la Agencia Tributaria tiene la competencia para valorar si las regularizaciones fiscales "espontáneas" son suficientes para evitar enfrentarse a la Justicia por la comisión de un presunto delito.
Advierte de una "preocupante evolución de los delitos 'online' contra la libertad sexual". Con respecto a 2018, el número se incrementa hasta un 175%.
Destaca que el argumento sobre que pidió información registral de una finca que quería adquirir para proteger la reputación del BBVA es "ilógico y arbitrario". También rechaza que los hechos hayan prescrito.
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