Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia y Extremadura, entre otras, han optado por enviar a pacientes con coronavirus a centros de pago.
Un cambio en la Ley de Seguridad Social abre la puerta según fuentes del sector a la participación de las mutuas en la revisión de bajas de larga duración. El Ministerio lo niega y dice que se un tema administrativo.
Seguridad Social abona a última hora la factura generada por las bajas y cuarentenas por Covid hasta agosto para evitarse tener que intervenir las cuentas de media docena de entidades.
El Govern catalán solicita la autorización del Ministerio de Escrivá para poder tirar del personal médico de las mutuas para realizar su plan de cribados al personal de los centros de la tercera edad
Seguridad Social rechaza la propuesta de las mutuas de recurrir a la banca para sufragar la factura de las prestaciones por IT asociadas a la Covid y les insta a consumir sus reservas de capital.
El descontrol por la Covid y la escasez de recursos empuja a Seguridad Social a tirar del personal de las mutuas para evaluar el estado médico de los trabajadores en esa situación y agilizar los procesos de alta.
Las mutuas carecen a día de hoy de las herramientas necesarias para acreditar el cumplimiento del requisito de caída del 75% de la facturación que da acceso a la prestación especial por cese de actividad.
Seguridad Social asume que tendrá que hacer una inyección extra de recursos al sector después de que el impacto de la Covid haya dejado a la mitad de las entidades al borde de la intervención.
Las entidades del sector reculan ante las dudas sobre el encaje jurídico de la iniciativa y eluden comprometerse a ceder a sus profesionales sin autorización expresa de la Seguridad Social.
La Comunidad de Madrid ya conoce el número de sanitarios que podría requerir al sector para esta función y mantiene sus planes de contar con ellos a partir del miércoles.
Seguridad Social debe decidir si autoriza la maniobra de la Comunidad de Madrid para 'tirar' del personal sanitario de las mutuas de accidentes de trabajo para esa tarea y en qué condiciones.
- Denuncia "pasividad" de los gobiernos autonómicos por mantener unidades cerradas y dice que es obligatorio que se faciliten a contagiados.
- Los 23 hospitales y el millar largo de centros sanitarios del sector, en estado de 'prealerta' ante la previsible crecida de ingresos por coronavirus.
- Las dudas sobre quién debe reconocer el pago de las cuotas del trabajador a partir del día 60 de baja dejan sin cobertura a potenciales beneficiarios.
- Las grandes mutuas apuntalan sus alianzas para afrontar la consolidación del sector, que el secretario de Estado les anunció en una comida hace meses.
- La Seguridad Social prepara un balón de oxígeno para paliar al agujero de 750 millones abierto en el sector por la gestión de la incapacidad temporal.
- Esta información no se conocía desde 2015. Cinco directores gerentes cobran más de 200.000 euros, 2,5 veces más que el presidente del Gobierno.
- Una de cada tres mutuas ya ha empezado a tirar de sus reservas de emergencia para tapar el agujero financiero generado por la crecida de las bajas.
- La operación augura un nuevo proceso de fusiones en el sector como el ya impulsado por Octavio Granado hace ahora una década
- Trabajo mantendrá congelado el coeficiente que financia la gestión de la incapacidad temporal pese al incremento del 50% en el gasto por absentismo.
- Las cinco grandes del sector, candidatas a absorber la mutua galaica, tendrán que encajar en sus balances 500 millones en pérdidas por el absentismo.
- La entidad acusa al Ministerio de poner trabas a su Plan de Viabilidad y advierte de que cualquier fusión pasará por mantener su "identidad gallega".
- La Directiva de la entidad renuncia al Plan de Viabilidad y acepta el esquema de 'rescate' propuesto por Trabajo. Ibermutuamur y MC Mutual, candidatas
- Las maniobras del Gobierno para propiciar una fusión con una mutua de mayor tamaño tropiezan con la Xunta, que aboga por 'forzar' su viabilidad
- Este martes entra en vigor el Real Decreto por el que los trabajadores públicos cobrarán el 100% del sueldo desde el primer día de la baja médica.
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