El pasado 18 de marzo, el Pleno TC ya acordó admitir a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados del PP sobre el mismo asunto. El decreto-ley prohíbe expulsar a los 'okupas' de una vivienda.
La explotación de la operación se llevó a cabo el pasado lunes, y se detuvo a tres de los miembros del grupo delincuencial, a los que se les imputa delitos de pertenencia a grupo organizado y robo con fuerza.
La candidata del PP ha denunciado que los socialistas comparten gobierno con una formación "comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978".
Considera que Iglesias se va a dar cuenta de que "Madrid es otra cosa", porque ella ha estado en "todos los barrios, desde los más pudientes a los más pobres".
Una pareja de 83 y 84 años, se habían marchado de su vivienda, situada en el madrileño distrito de Carabanchel, para recuperarse del virus a la casa de uno de sus hijos en Fuenlabrada.
Los vecinos convocan una tercera jornada de protestas en la que han tenido que intervenir agentes de la Ertzaintza.
La constatación de una ocupación ilícita la podrá hacer un agente de policía judicial. Desde que se presente una solicitud de desalojo, el prefecto tendrá que dar una respuesta en un plazo de 48 horas.
La norma aprobada en diciembre permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiese delito. La modificación matiza que se prohibirá el lanzamiento en casos en los que no se produzcan agresiones.
Se muestran preocupados de que la nueva regulación "pueda generar un efecto llamada a la ocupación ilegal", afectando al mercado del alquiler.
La última propuesta de decreto del Mitma permite a los jueces suspender desahucios de familias sin contrato de arrendamiento, durante tres meses o mientras dure el estado de alarma.
El Consejo de Ministros de la próxima semana prevé aprobar la normativa que vetará los alzamientos sin alternativa habitacional. El Estado compensará los alquileres impagados, también a los grandes tenedores.
El número de denuncias se acelera durante el tercer trimestres después de haber crecido ya en un 5% en el conjunto nacional durante el primer medio año respecto a los datos de 2019.
Los técnicos que han hecho el inventario ya han accedido al inmueble. Los Franco tendrán que entregar las llaves para que el Pazo vuelva a ser patrimonio nacional.
El calendario de quince días anunciado por Pablo Iglesias no se va a cumplir. El punto más polémico del pacto tiene que ver con la prohibición de lanzamientos a okupas que acrediten situación de vulnerabilidad.
El conductor ha sido acusado de un delito de desórdenes públicos tras un siniestro en el que no se han registrado heridos, si bien alguno de los afectados ha sufrido una crisis de ansiedad.
El acuerdo entre la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Transportes mantiene la esencia de la enmienda que pactó UP con Bildu y ERC. El corte de suministros es la pugna que queda por resolver.
Vive por ahora en la casa cuartel "pero me tengo que ir ya" junto a su hijo, que padece de esquizofrenia "y necesito mi casa porque está al borde del suicidio".
Para desarrollar su actividad ilícita no dudaban en amedrentar y amenazar a los vecinos que consideraban hostiles o a aquellas personas que se habrían quejado.
Ambos habían heredado la casa tras la muerte de su padre por Covid-19. Los inquilinos son una pareja con tres hijos que han entrado en la vivienda en solo dos días.
Un matrimonio intenta recuperar una vivienda que heredaron y dejaron a una compañera de trabajo que acababa de quedarse en paro. Ahora no logran recuperarla.
Hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que comprobaron que no había ni heridos ni intoxicados.
Ángel, de 80 años, se sienta en un banquillo acusado por sus okupas por cambiar la cerradura de su casa cuando creía que se habían ido.
El concejal Marc Serra ha pedido al Departamento de Interior que la paralice la operación al considerar la casa "un proyecto comunitario de gran valor social para Vallvidrera y la ciudad".
En el debate del martes, Ciudadanos, el PP y Vox advirtieron de que la 'okupación' es una "lacra" en España y que en muchos casos está organizada por "mafias".
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