Manifestó que entró en la vivienda porque "no tenía a dónde ir" con su "chica" y explicó que usó una copia de una llave que tenía su padre, negando haber cambiado la cerradura.
Una multitudinaria reyerta deja dos heridos en una localidad de 3.600 habitantes donde los vecinos barajan "crear patrullas para vigilar" las calles si hace falta.
Campo considera un acierto la instrucción ya publicada por el ministerio público y, en relación a los cambios para abordar los delitos de sedición y rebelión subraya que están aparte de la negociación presupuestaria.
García Egea acusa al vicepresidente de la formación morada de querer "meter la mano en la Justicia" para evitar su imputación.
La instrucción detalla cuatro supuestos en los que los fiscales deben pedir a los jueces la medida cautelar para atajar los incidentes en los inmuebles afectados.
La mujer ha comunicado a la familia que ahora mismo no puede abandonar la vivienda porque necesita estar unos días tranquila. Al frente del acuerdo ha estado una empresa desokupa.
En lugar de avisar a sus hijas tras hallar el cuerpo sin vida, decidió llamar a la funeraria y mandó incinerar el cadáver.
El operativo se ha llevado a cabo durante la madrugada de este lunes durante el que se ha detenido a tres personas que se encontraban en el interior de un inmueble ocupado.
La fiscal general del Estado ha aludido a este "fenómeno delictivo" en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey Felipe VI.
"Hay que proteger la propiedad privada y la seguridad de los españoles", ha comentado en una publicación en su cuenta de la red social Twitter.
El confinamiento ha elevado las peticiones de instalación de sistemas de seguridad que según los expertos son el primer aliado para que, ante un residente ilegal, pueda entrar la policía al tratarse de un allanamiento.
La Constitución Española especifica que cualquier vivienda es inviolable y ni siquiera la Policía puede acceder a ella sin consentimiento del titular, salvo delito flagrante.
La duración depende de la relación contractual entre propietario y 'okupas', pero en cualquier caso el dueño deberá recurrir a la vía judicial, lo que ya implica al menos gastos judiciales.
La calma de A Zapateira se ha visto truncada desde que hace unos meses una familia 'okupó' uno de los grandes chalets que ocupan este monte, con precios que en algunos casos rondan el millón de euros.
El problema de la okupación durante este confinamiento está siendo aún más visible. El líder del PP plantea "prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas, como está pasando ahora".
Hace años que pelean cacerola en mano con las familias que intentan entrar en las casas deshabitadas pero durante el confinamiento han notado un efecto llamada, contra el que se han agrupado.
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