Las cuentas públicas han pasado la primera fase sin sorpresas este miércoles, con la inclusión de 17 enmiendas, previamente pactadas entre el Ejecutivo y sus socios.
Ya cuenta con 182 votos confirmados: PSOE (120), UP (34), ERC (13) EH Bildu (5), PdeCat (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), y Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y el Partido Regionalista Cántabro (1).
Entre las enmiendas figuran partidas para cultura, deporte, empleo o infraestructuras, así como el mantenimiento del diferencial positivo para Islas Canarias del impuesto de Sociedades.
El Ejecutivo ha llegado a acuerdos con estas formaciones para dar 'luz verde' a las cuentas públicas, después de que este lunes EH Bildu y Más Madrid anunciaban que su voto sería favorable.
La posible composición del apoyo a las cuentas sigue abierta aunque desde EH Bildu aseguran que el acuerdo aún está lejos. Mientras, partidos de la oposición sospechan que los soberanistas accederán.
El Gobierno de coalición ya negocia la composición de las cuentas públicas para llevarlas a Consejo de Ministros a finales de mes. El objetivo de Hacienda es abrir los contactos a otros grupos políticos, salvo Vox.
Afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio.
Cuando en la primera votación se ha producido un empate a 170 votos y consciente de que su posicionamiento podría tumbar el decreto si se producía en una segunda votación, Medel no ha votado.
PP y Vox, pero también algunos de los socios habituales de Sánchez, votaron en contra. PNV se abstuvo. Las oposiciones no serán eliminatorias para interinos con más de diez años en la Administración.
El PP votó favorablemente en las tres primeras autorizaciones de prórrogas (25 de marzo, 9 de abril y 22 de abril) y a partir de ahí los populares empezaron a mostrarse más críticos por la gestión de la pandemia.
La oposición en bloque carga contra la anulación de la rebaja del IVA a las peluquerías pese a haberse aprobado en la Cámara Alta.
Cuando todavía no ha pasado una semana desde que los políticos indultados salieran de prisión con cierta actitud desafiante, el presidente acude al Pleno del Congreso para explicar estas medidas de gracia.
El Consejo de Ministros aprueba, sin fisuras internas, la medida de gracia a Junqueras, Forn, Forcadell, Romeva, Sanchez, Cuixart, Rull, Turull y Bassa. Moncloa y Justicia conservan la inhabilitación de todos.
Propone volver a los tipos vigentes desde enero. Es decir, cero para vehículos con emisiones inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro, una tributación que aumenta gradualmente con las emisiones.
El Pleno ha aprobado este jueves la 'Ley rider' entre el desconcierto y enfado de cientos de repartidores pro-autónomos y un recurso del grupo político de Santiago Abascal.
El TS ha fallado a favor de esta medida. El Gobierno socialista intentó resolver esta situación con un nuevo cambio en la gestión del IVA en los Presupuestos de 2019, pero éstos nunca fueron aprobados.
Se considera trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional en función de la duración del contrato de empleo.
La votación se ha produce un día después de que el Tribunal Supremo se haya opuesto a la posibilidad de indultar a los 12 líderes independentistas condenados por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O.
La carga fiscal a la compra de automóviles subió de forma automática el 1 de enero por la entrada en vigor de un nuevo estándar de medición de emisiones que dejó a muchos modelos sin bonificación fiscal.
El PSOE ha logrado la inclusión de todas sus enmiendas, respaldado en todo momento por Podemos. En su tramitación parlamentaria se ha endurecido la fiscalidad de socimis y los requisitos de inversión a las sicav.
La inclusión de varias de las propuestas de varias formaciones garantizan que ninguna se oponga a la salida al Senado del documento salvo Vox, que se mostró crítico al mismo en la reunión de la ponencia.
El informe de gestión también revela que el PDeCAT ha pagado un total de 1,6 millones de euros en gastos jurídicos derivados de las causas contra los líderes independentistas por el 9N y el 1-O de la formación.
Unidas Podemos y ERC han apoyado la propuesta de Bildu, mientras que el PSOE la ha rechazado junto con el PP, Vox y Cs. Desde la fuerza de Abascal afirman que "no es una prioridad para la que está cayendo".
La portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha rechazado la proposición de ley del PP y hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que hay instrumentos jurídicos suficientes.
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