Además de las anunciadas ausencias del presidente catalán, Pere Aragonès, y los consellers de ERC, a la manifestación tampoco asisten ni Oriol Junqueras, ni Marta Vilalta, ni otros dirigentes de peso.
El presidente ha puesto en valor que la negociación con el Gobierno es imprescindible para "abordar de una vez el fondo del conflicto político con el Estado: la necesidad de una respuesta a la voluntad de la mayoría".
El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha advertido al PSOE "que se busquen otro socorrista, porque ya conocemos a Pedro Sánchez, que para salvar la Moncloa es capaz de ahogar a Cataluña".
Así lo ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña durante una hora y cuarenta y cinco minutos.
El objetivo principal de ambos presidentes es avanzar en el camino de la normalización institucional tras la crisis provocada por la escuchas a diferentes dirigentes independentistas mediante el sistema Pegasus.
El ministro de Presidencia sostiene que "nos piden que seamos valientes, que lleguemos a acuerdos con diferentes y que estos acuerdos sean representativos de la mayoría de la sociedad catalana".
El ministro de Presidencia ha mantenido un encuentro con Laura Vilagrà para preparar el encuentro entre los presidentes, ha afirmado que han alcanzado un acuerdo que reafirma el compromiso por el diálogo.
Recoge los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos y de intercepción ilegal de comunicaciones.
"A lo largo de estos años hemos articulado herramientas, instrumentos y espacios para materializar ese diálogo", ha destacado.
Los dos dirigentes catalanes han hecho referencia a la gestión de la tragedia ocurrida el viernes en la valla fronteriza de la ciudad autónoma, donde fallecieron al menos 23 personas.
Ambos coinciden en este acto después de que la semana pasada el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, se reunieran para tratar de desbloquear las relaciones.
Aragonès exige explicaciones al Gobierno central después de que un informe de Hacienda arroje que la administración solamente destinó 738 millones en 2021, frente a los 2.068 millones previstos en la región.
El líder del Ejecutivo admite que existe un problema político en Cataluña e insta a reunirse para que todas las formaciones den su opinión y se pueda volver a recuperar "esa confianza quebrada".
La AEB critica la "mala fe" de las administraciones públicas de Cataluña tras asegurar que no se cumple la sentencia y avisa que el "nacionalingüismo" es una "mancha de aceite" que se extiende a otras regiones.
Han dedicado la mayor parte del tiempo del encuentro, que ha durado hora y cuarto, a hablar del espionaje, así como de la "situación judicial" del expresident y del "resto de los exiliados" tras el referéndum del 1-O.
El presidente de la Generalitat insiste en que debe haber transparencia, de saber quién dio la orden para espiar teléfonos a independentistas con Pegasus y de depurar responsabilidades.
El Gobierno minimiza el choque con ERC, PNV y Bildu por Pegasus. Espera que el ruido se rebaje y descarta una ruptura total con sus socios. Hay medidas del pacto de coalición pendientes, como la tasa rosa.
El presidente de la Generalitat ha señalado que "si alguien se piensa que cesando a la directora del CNI intentará con esta cortina de humo pasar página de este caso, absolutamente se equivoca".
La visita se produce en medio de la polémica por Pegasus y con el debate sobre cómo aplicar la cuota del 25% después de que Junts se haya descolgado del acuerdo para cambiar la Ley de Política Lingüística.
En el Gobierno saben que cualquier aclaración que hagan, incluida la opción de que fue el CNI quien decidió actuar por su cuenta, va a ser muy difícil de entender por sus socios independentistas sin más ceses.
Busca una empresa de tecnológica, a la que pagará 50 millones de euros, que implante las medidas más innovadoras de ciberseguridad en la Generalitat. Mientras, Ada Colau renovará 7.900 líneas móviles.
Esta decisión ha ocurrido tras la reunión del Consejo de Ministros, donde había un punto específico llamado “Asuntos de personal de Defensa”.
El TSJC ha ordenado a la Generalitat cumplir de "inmediato" la sentencia para impartir una cuarta parte de la enseñanza en castellano y da un plazo de dos semanas a Educación para aplicar la norma.
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