No es la primera vez que Elon Musk está en la mira de la Justicia alemana. En 2018 se presentó una denuncia después de anunciar que retiraría de la Bolsa al fabricante Tesla y que ya tenía financiación para ello.
Este año está lleno de citas electorales y los ciudadanos puedes desde ya solicitar no recibir panfletos de uno o todas las formaciones políticas. Un abogado especialista responde a qué hacer en cada caso y cómo conseguirlo.
La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación a la compañía por "posible incumplimiento" del GDPR y el Comité Europeo de Protección de Datos creó un grupo de trabajo para intercambiar información.
La agencia aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras desde "el pleno respeto" a la legislación y "sólo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo compatible con los derechos".
En el caso del dispositivo móvil, Apple reúne un amplio conjunto de funciones y características que permiten gestionar los permisos que se conceden a las aplicaciones y la navegación privada en Safari.
El comisario de Mercado Interior ha pedido a Chew de forma "muy explícita" que cumpla la normativa de protección de datos y con la nueva ley de servicios digitales que las grandes plataformas deben seguir.
El proyecto tiene un presupuesto de 31,7 millones y ha sido financiado con fondos de la UE. Su objetivo es mejorar la seguridad y la experiencia del cliente, cumpliendo la estricta normativa de protección de datos.
La Comisión Europea discutió con el consejero delegado de la firma, Shou Zi Chew, la forma en que la red social protege los datos de sus usuarios, en plena polémica con la prohibición del Congreso de EEUU.
La compañía ya asumió en noviembre una multa de la DPC por valor de 265 millones por incumplir el reglamento con Facebook y en septiembre, fue sancionada con 405 millones por hacerlo con Instagram.
El responsable de la Comisión de Protección de Datos irlandesa asegura que los "riesgos" para los afectados son "considerables", pues les exponen a estafas y pierden el control sobre su información.
Incibe ha alertado este viernes de que la aseguradora ha sido víctima de una fuga de datos por un acceso no autorizado a sus sistemas que pone en riesgo los datos almacenados en sus antiguas pólizas.
La compañía ha asegurado que el incidente "se ha resuelto de forma inmediata" y que ha actuado de acuerdo con los procedimientos legales vigentes y siguiendo el procedimiento establecido por la AEPD.
La compañía ha comunicado al Incibe del caso donde la información sensible de un grupo de usuarios ha quedado expuesta y puede ser utilizada con fines fraudulentos por los ciberdelincuentes.
Realmente no es idóneo publicar esa información en un lugar al que tienen acceso personas ajenas a la comunidad de propietarios.
La asociación de consumidores explica que "las infracciones detectadas" tienen que ver con el proceso de proporcionar el consentimiento para tratar los datos personales al abrir una cuenta de correo personal.
La compañía asegura que el crackeo ha afectado al 0,16% de sus clientes, que el robo no ha afectado a los fondos de las cuentas y que sigue pudiéndose operar con normalidad mediante la app y las tarjetas.
Para los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo nada obstaculiza ni sería un delito de revelación de datos compartir los bienes inmuebles de este tipo de propiedad.
La Agencia Española de Protección de Datos ha afirmado que "cualquier usuario podría negarse a facilitar estas evidencias, participar en la carrera estando contagiado y contagiar así a cualquier otro participante".
La compañía registró un "acceso no autorizado" en abril del año pasado, por la que se hicieron con datos de clientes y 37.500 'riders' que incluyen, entre otros, nombres, números de DNI o direcciones de domicilio.
El Instituto de Crédito Oficial ha tenido que pasar una serie de pruebas y auditorias y ha declarado que lleva esforzándose de forma intensa para superar la evaluación desde 2019.
Esta situación suele ser habitual para quienes están buscando trabajo, pero ahora puede suponer una importante sanción para la empresa si no informa adecuadamente de la protección de datos al usuario.
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La crisis del coronavirus ha provocado que las empresas implanten protocolos sanitarios de todo tipo, pero ¿pueden discriminar a un candidato por negarse a la vacuna?
La AEDP ha impuesto una sanción de 10 millones de euros al buscador por vulnerar el derecho al olvido, mientras que para la 'teleco' el importe a pagar asciende a casi cuatro millones.
La Justicia europea asegura que el Reglamento General de Protección de Datos no se opone a que las asociaciones de consumidores puedan emprender acciones contra las plataformas por saltarse la norma.
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