Abascal acusa a la red social de causarle "graves perjuicios contra su imagen y su capacidad de difundir su programa para los comicios" del 14 de febrero.
Se elevan a 209 las investigaciones penales abiertas por el ministerio público en todo el país por la gestión de la pandemia en residencias, 112 de ellas en la Comunidad de Madrid.
Los golpeados por la quiebra del Grupo recurren el archivo de noviembre e insisten en que se investigue si la excúpula maquilló las cuentas para la emisión de bonos.
Abre nueva línea de investigación aunque descarta llamar como testigo al exdirector de Iberdrola España Fernando Becker por el supuesto encargo a Cenyt.
En 2017 presentó una querella por prevaricación ante el Supremo -luego archivada- contra la magistrada de la AN Lamela por enviar a prisión preventiva a los líderes independentistas del 'procés'.
El vicepresidente del Gobierno acusa a Diego Camacho, coronel retirado de infantería, de proferir mentiras contra él.
Pone el foco en la antigua cúpula de la sevillana y llama también a los responsables de KPMG tras escuchar las conclusiones de los peritos del ICAC.
Entre los acuerdos similares a que han llegado recientemente otros músicos, la cantante Stevie Nicks ha vendido un 80% de los derechos sobre sus canciones a Primary Wave por unos 81 millones de euros.
Considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa y malversación".
El Alto Tribunal ha dado traslado de la querella al Ministerio Fiscal para que informe "sobre su competencia y contenido".
La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) presentó el escrito que acusa a la multinacional estadounidense de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida y otros delitos.
La Audiencia Nacional desestima el último intento de la abogada de la formación morada, Marta Flor, de que prosperara su querella contra el también letrado José Manuel Calvente.
El proceso es consecuencia de la querella interpuesta por una veintena de familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid contra los responsables de las mismas.
El Alto Tribunal considera que el consejero de Desarrollo Económico de la comunidad foral también pudo cometer malversación por la posible concesión irregular de seis préstamos a una empresa.
Esta circunstancia será valorada por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por el rey emérito.
El emérito abona 678.393,72 euros para saldar sus deudas con el Fisco y esquivar las responsabilidades penales asociadas a las mismas, pero se sitúa en un escenario de riesgo de cara al futuro.
Los expertos recaban documentación necesaria de la compra de la entidad lusa así como del préstamo de 400 millones al Banco Financiero de Angola.
La Fundació Reeixida presenta la querella, con el apoyo de la Associació Catalana d'Amics d'Israel y la Lliga Internacional Contra el Racisme i l'Antisemitisme a Catalunya.
La decisión de sobreseimiento se adopta después de que el Ministerio Fiscal avalase la documentación aportada por las defensas.
La denuncia se formuló en un principio por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
La querella precisa que se despidió al jugador gritándole "uh, uh, uh, uh", una onomatopeya que reproduce los sonidos emitidos por los monos.
Un hombre fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón; mientras que el otro recibió diez perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, según la necropsia.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene que decidir quién paga la factura, si el conjunto de los contribuyentes vía presupuestos o las empresas y hogares en el recibo del gas.
Niega estar detrás del robo del teléfono de su exasesora y denuncia que cometió denuncia falsa al atribuirle la difusión en prensa de su contenido.
El colectivo de Abascal subraya que ha tardado solo doce horas desde el conocimiento de los hechos hasta la expulsión de los implicados.
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