El texto señala que "serán castigados con prisión de seis meses a tres años los que ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas", entre otras.
El portavoz del partido jeltzale ha criticado la "rigidez" de las convocatorias. Además, le ha pedido que se "ponga las pilas" ante un Sánchez que se ha excusado por la complejidad de estos.
El expresidente de la Generalitat rechaza la reforma del delito de sedición como solución personal o política ya que no entiende el beneficio que tendría para resolver el conflicto entre el Gobierno central y Cataluña.
Gran parte de la judicatura ha visto la ruptura de las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces como una "falta de respeto" y recuerda que los tribunales se encuentran al borde del "colapso".
El Partido Popular cancela las conversaciones con los socialistas a la espera de ver la postura de Ferraz sobre su oferta para abordar de forma conjunta la reforma del delito de sedición y rebelión.
En Manresa, Illa ha apuntado que "en Cataluña convienen dos cosas, y la primera es ordenar políticamente Cataluña, y esto quiere decir dejar las dinámicas de confrontación de los últimos años y pasar al acuerdo".
En las demandas presentadas ante el tribunal se argumenta que los tres exconsellers han sido condenados "a una pena desproporcionada y en aplicación de un delito imprevisible y que se les restringió la libertad".
La Justicia europea tiene aún que resolver las dudas sobre el alcance de las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo, así como si el expresidente catalán está protegido por la inmunidad como eurodiputado.
El ministro de la presidencia señala que es una "oportunidad magnífica" con la "misma finalidad: paliar las consecuencias que está teniendo la guerra en empresas, trabajadores, autónomos y clase media".
El Alto Tribunal cierra así la revisión de la sentencia contra la cúpula del ex Govern catalán responsable de la organización del referéndum del 1-O, asegurando que no hubo una interpretación perjudicial de los delitos.
Según han precisado los magistrados, el interés legitimador como afectado "ha de aparecer como determinante de la condena".
El fiscal jefe de Baleares ha solicitado prisión provisional para los 12 ciudadanos marroquíes que bajaron de un avión en el aeropuerto insular al producirse un aterrizaje de emergencia por causas médicas.
Desestima el recurso de amparo presentado por la ex presidenta del Parlament contra la sentencia del Supremo que la condenó a una pena de 11 años y seis meses de prisión por un delito de sedición.
Los equipos jurídicos de PP, Vox y Ciudadanos ultiman las demandas que formalizarán ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Los magistrados aún no han valorado si tienen legitimidad para recurrir.
"No se puede avalar la sedición con fondos públicos, malversar para avalar a malversadores", ha señalado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.
El magistrado del Supremo aclaró al tribunal de Cerdeña que se puede extraditar al expresidente catalán porque la orden de detención nunca fue suspendida, en contra de lo que manifestó la Abogacía del Estado.
El expresidente de la Generalitat defiende que el Tribunal General de la Unión Europea determinó que la vigencia de la euroorden está suspendida. Además pide recuperar la inmunidad para frenar la extradición.
El juez considera que su arresto ayer en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares, con la única imposición de que no abandone Italia.
El Tribunal Supremo asegura que la orden europea de detención lleva vigente desde 2019, mientras que la defensa del expresidente catalán subraya que el Tribunal General de la Unión Europea la dejó en suspenso.
Polémica sobre si la orden de detención estaba activa o no. El expresidente catalán se encontraba huido de la Justicia española desde el año 2017 y residía en Waterloo.
La alcaldesa de Barcelona sostiene que el president Pere Aragonès sabe que ese no es el "horizonte". Pide tratar otros temas como la reforma de sedición, la financiación de Cataluña y blindar la lengua catalana.
El portavoz de Ciudadanos asegura que con esta actitud "se demuestra que el Ejecutivo usó este tema para contentar a los independentistas".
El discurso de Sánchez tendrá un marcado carácter económico, habida cuenta también de que el Gobierno fía su estrategia al avance de la recuperación económica.
El tribunal de Edimburgo concluyó que el caso de la exconsejera, reclamada por un delito de sedición por participar en el referéndum de independencia ilegal de Cataluña, no se puede dirimir por la justicia del país.
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