El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos resalta el acuerdo sobre la reforma laboral, "que va a reducir la temporalidad en el sector privado en 800.000 trabajadores de la construcción ".
La reforma laboral introduce un castigo para las empresas que abusen de la contratación temporal de muy corta duración. Tendrán que pagar una tasa de 26 euros por cada baja de un contrato de menos de 30 días.
Las empresas tendrán hasta el 30 de marzo para adaptarse al nuevo marco de contratos y el de obra acabará por desaparecer de la legislación.
El acuerdo ha contemplado un nuevo plazo de encadenamiento de contratos para que los empleados obtengan la condición de trabajadores indefinidos.
Los expertos laboralistas consideran que las medidas pactadas serán insuficientes para acabar con el fraude de la contratación temporal.
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Habrá una excepción, la nueva regulación de contratos, que no estará vigente hasta tres meses después, periodo que tendrán las empresas para adaptarse al nuevo marco de contratación.
El propósito es reducir temporalidades en el conjunto de las Administraciones por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la AGE, pero no otros ámbitos territoriales.
El real decreto ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes incluye mejoras en temporalidad y ERTE. La norma entrará en vigor este mismo miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este plan de acción es básicamente una continuación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del año 2019.
El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha anunciado que explorarán al máximo las posibilidades de negociación para conseguir un amplio acuerdo.
Tras su aprobación parlamentaria la nueva ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece que las plazas anteriores a enero de 2016 no requerirán de ninguna oposición.
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Los laboralistas coinciden en que las medidas pactadas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos son insuficientes y no surtirán efectos si no se refuerza el control por parte de la Inspección de Trabajo.
El líder del Ejecutivo agradece a los agentes sociales su "compromiso" en las negociaciones con Díaz para sacar el nuevo proyecto legislativo sobre el mercado de trabajo que le permite cumplir ante Bruselas.
El Gobierno logra el respaldo de CEOE, CCOO y UGT al paquete de medidas para reducir la temporalidad y reequilibrar la negociación colectiva y enviará la norma al Consejo de Ministros el próximo martes, día 28.
Las negociaciones de la reforma laboral entran en el tiempo de descuento con asuntos clave aún sin cerrar. Se da por hecho que se recuperará la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial, aunque no total.
Estos contratos fijos siguen suponiendo solo cerca del 11 % de todos los firmados en lo que va de año (17,7 millones), ya que el resto (15,7 millones) siguen siendo acuerdos temporales.
La ministra de Trabajo se muestra convencida de que sacará adelante este proyecto legislativo en breve, si bien no ha entrado en detalles sobre el curso que siguen las negociaciones con la patronal y los sindicatos.
El Gobierno impone a la patronal y los sindicatos que se comerán las uvas con la reforma laboral publicada en el BOE, con o sin acuerdo. Se convocan reuniones diarias para intentar desatascar las negociaciones.
El sindicato pone patas arriba la mesa de negociación de la reforma laboral tras las cesiones del Gobierno a la patronal en materia de temporalidad. El Ejecutivo intenta cerrar un acuerdo equilibrado en tiempo récord.
El Gobierno elimina las limitaciones a los contratos temporales y aproxima posturas con la CEOE. Pero la patronal mantiene reticencias y se resiste todavía a pactar ante la presión gubernamental con los plazos.
El último borrador de la reforma laboral fija que las empresas que hagan planes para reducir el número de contratos temporales, en su nueva modalidad para actividades ocasionales, contarán con apoyo público.
Valentín Bote, analista jefe de Randstad, desafía la convención que vincula temporalidad con precariedad y asocia los problemas estructurales del mercado de trabajo a una inadecuada cualificación.
Fernández de Mesa defiende la normativa vigente y argumenta los efectos "positivos", ya que ha permitido crear puestos de trabajo y reducir la tasa de temporalidad varios puntos porcentuales, que ronda el 26%.
La última propuesta del Gobierno, que debaten hoy los agentes sociales, modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para endurecer la penalización a empresas que abusen de la temporalidad.
"Antes de por los fondos europeos" las compañías extranjeras que planean entrar en España "preguntan por las leyes" para saber si pueden consolidar sus negocios y operar, asegura el presidente de CEOE.
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