Pide "un gran acuerdo entre los principales partidos de ámbito español y los partidos nacionalistas. Somos conscientes de que la actual coyuntura lo dificulta enormemente, pero no podemos dejar de advertir de los riesgos que implicaría aprobarlas tan solo para ganar una investidura".
El Partido Popular sostenía que, con independencia de la importancia y necesidad de la regulación introducida por la norma, el uso de esta fuente normativa excepcional debe considerarse inconstitucional.
La coalición de gobierno llevará a cabo una evaluación genérica del impuesto temporal a las grandes fortunas e incorporará la reflexión sobre la tributación a la riqueza en el nuevo modelo de financiación que pretenden aprobar
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía y Galicia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente, pero el Constitucional lo denegó.
Los recursos promovidos por Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Baleares y 50 diputados del grupo parlamentario del PP aspira a declarar inconstitucional gran parte del articulado de la norma
Los partidos independentistas se han unido para aprobar un recurso contra la ley de vivienda por vulnerar las competencias fijadas en el Estatut, a pesar de los desacuerdos entre JxCat y ERC por su voto en Madrid
El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional tras el rechazo del Tribunal Supremo a revisar 30.302 votos nulos contabilizados durante el 23-J en Madrid. Busca recuperar un escaño perdido a favor del PP.
Acudió con la intención de que se revirtiese la decisión de la JEC porque, a su juicio, la proclamación como diputado electo del dirigente del PP Carlos García Adanero había "cercenado" la posibilidad de tener otro escaño.
El juez instructor del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ordenó la detención del líder independentista toda vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada.
La resolución judicial del Tribunal Supremo fija criterio en una cuestión resuelta en los distintos Juzgados, en casos en los que los contribuyentes estaban en plazo para recurrir liquidaciones por plusvalía, pero sin formalización.
Los asesores fiscales aseguran que el Estado se verá obligado a devolver la cuantía abonada por el impuesto con intereses a quienes lo hayan recurrido en caso de que este llegue a declararse inconstitucional
La sentencia, que tiene un voto particular discrepante de dos magistrados, niega que haya una doble imposición ya que el objeto por el que se tributa en el IRPF es diferente del que se grava en el Impuesto de Sucesiones
El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la norma, que traspone una directiva europea, y que entre otras cosas impone un mínimo del 40% en la representación femenina en los consejos de administración
Esteban ha asegurado que no entiende la "cobertura con alfombra roja" que ERC y EH Bildu han puesto al Gobierno para su aprobación y ha sostenido que esta ley "no frena los precios más allá de 2024".
Los ayuntamientos afectados habrían dejado de ingresar así 835 millones de euros tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible.
Aunque admite ambos recursos, el tribunal descarta suspender la norma como así lo pedía la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, que alega que podría faltar principios como el de seguridad jurídica.
El Gobierno andaluz sostiene que esa norma vulnera la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos.
El organismo desestima el recurso presentado por el PP contra la reforma de tributo municipal aprobada en noviembre de 2021 al considerar que su inclusión en un real decreto no vulnera la Constitución.
El Gobierno andaluz se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas.
La Comisión informó el pasado miércoles que incoa "un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación".
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