El órgano confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ya desestimó en 2019 el recurso de la Asociación Española de Banca y asegura que no contraviene la Constitución.
Al concluir que no se trata de una gratificación por un servicio extraordinario sino un complemento y que, según una directiva europea, se debe retribuir.
El Govern ha remitido un escrito en el que defiende que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en el ámbito educativo imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las aulas.
Tienen hasta el 30 de junio para responder al cuestionario que la Generalitat remitió este martes por correo electrónico para chequear si sus proyectos lingüísticos cumplen con el nuevo decreto.
La nueva normativa también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
La cantante ha pagado los 14,5 millones que la Agencia Tributaria le exigía -más otros tres millones en intereses- por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014.
Los grupos parlamentarios buscan hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija impartir una cuarta parte de las clases en esta lengua.
La AEB critica la "mala fe" de las administraciones públicas de Cataluña tras asegurar que no se cumple la sentencia y avisa que el "nacionalingüismo" es una "mancha de aceite" que se extiende a otras regiones.
La visita se produce en medio de la polémica por Pegasus y con el debate sobre cómo aplicar la cuota del 25% después de que Junts se haya descolgado del acuerdo para cambiar la Ley de Política Lingüística.
La jueza recuerda en la sentencia que Torra fue requerido para retirar la pancarta, una medida cautelar que acordó el TSJC a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano.
El TSJC ha ordenado a la Generalitat cumplir de "inmediato" la sentencia para impartir una cuarta parte de la enseñanza en castellano y da un plazo de dos semanas a Educación para aplicar la norma.
La Justicia de Cataluña ha instado este lunes al Govern a ejecutar la norma en un plazo de dos semanas, medida que el conseller catalán de Educación ha tachado de "aberrante".
La justicia catalana exige a la Conselleria de Educación que ofrezca "garantías de control" para velar que se cumple la ley en las aulas tras la petición realizada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
El TSJC condenó a la Generalitat por su "falta total de iniciativa" para vacunar a los agentes estatales destinados en Cataluña y le acusó de haber "retrasado" la inmunización de estos policías.
Avala al Tribunal Constitucional que, a finales de 2019, confirmó la constitucionalidad del despido por absentismo de una trabajadora -que faltó 13 jornadas sobre 41 laborales, un tasa de absentismo del 31,7%.
El Tribunal Supremo confirma la pena por delito de lesiones con deformidad y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la victima tras el rechazo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, ha aclarado que la ZBE de Barcelona "sigue vigente" porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de este lunes no es firme.
Los magistrados han estimado no corresponde a este momento procesal entrar en las consideraciones expuestas por el expresidente del Parlament y no se cuestionan los indicios del delito del que se le acusa.
El INSS no concedió ningún grado de incapacidad permanente, pese a su intensa actividad y limitaciones al caminar. Podrá compatibilizar la pensión vitalicia -55% de la base reguladora- con un trabajo sedentario.
Según el letrado, la respuesta del TSJC sobre si acepta que las familias se personen en la causa "se debe dar en los próximos días", porque "afecta a medidas cautelares".
Así lo ha afirmado después de que el TSJC declarara firme la sentencia del 25 por ciento del castellano en las escuelas de Cataluña y diera dos meses al Govern para ejecutarla.
Además, pide al Govern que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (tsjc) inhabilitó durante un periodo de seis meses al diputado por su negativa a quitar los lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida en 2019, cuando era concejal.
Considera que la situación actual de la pandemia presenta unas características "bastante desfavorables" y que es necesario garantizar adecuadamente la defensa de la asistencia sanitaria.
Desestima las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado lunes por la patronal del ocio nocturno Fecasarm contra la medidas del Govern.
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