Los juzgados mercantiles de Madrid, Murcia o Valencia, entre otros, han desestimado las solicitudes de indemnización de los ciudadanos. Errores en la presentación o un mal informe pericial tumban los recursos.
El Alto Tribunal afirma que la empresa alegó como causa del despido disciplinario una disminución del rendimiento que no se acreditó, y añade que el despido, inmediatamente después de la reclamación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera "aconsejable" volver a pronunciarse sobre esta cuestión después de que Tribunal Constitucional anulara el cálculo de este impuesto en octubre de 2021.
El alto tribunal ha rechazado en la sentencia el recurso presentado por el banco contra otro fallo de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y ha explicado que no se informó bien de la complejidad del producto.
El suceso ocurrió sobre las 2.00 horas del pasado lunes en el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid, cuando el coche los conducía un escolta y fue interceptado frontalmente por un Renault Scenic.
Acepta un recurso de Cabify en el que pide que se anulen definitivamente el rechazo por silencio administrativo de indemnizaciones o ampliaciones del 'periodo de gracia' del llamado 'decreto Ábalos'.
Jueces y fiscales recuerdan que es un delito "muy frecuente" en estas causas y subrayan que los tribunales deberán revisar cada caso, principalmente si se distingue entre los que se han "enriquecido" y los que no.
La sentencia no reconoce a la empresa como una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo.
Si bien no parece probable que repita mayoría en el Congreso, que todo apunta a que pasará a manos de los republicanos, los resultados revelan el disgusto de la población hacia candidatos afines a Trump.
La CNMV impuso una sanción de 150.000 euros por haber ocultado en 2018 que las razones de la dimisión del consejero no eran 'motivos personales', sino por sus reticencias por la alianza estratégica con Pizza Hut.
La compañía energética agota sus recursos sin éxito en el Tribunal Supremo, tras alegar que no debía pagar la cláusula de ruptura por cancelar anticipadamente sus créditos con el ICO y el banco de inversión.
Tienen más de 55 años y la mayoría son perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Mientras, hay otros 150.000 que reciben la prestación contributiva de desempleo por la que ingresan unos 900 euros.
El dueño de Arbistar presentó un incidente de nulidad por vulneración de derechos de su empresa, utilizada para la presunta estafa, alegando que nunca ha podido dar su versión de los hechos pese a estar imputada.
El Supremo aclara que los interinos, aunque lleven una década en su puesto, no tienen derecho a la excedencias voluntarias, porque no son propietarios de la plaza, como los funcionarios de carrera.
Rechaza los recursos de la compañía y de Trabajo y ratifica el fallo de la Audiencia que estimaba que los despidos fueron fraudulentos. Los trabajadores deberán cobrar los salarios pendientes desde 2015.
José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Supremo, es el único nombre que por el momento está en la mesa para elegir dos miembros al tribunal de garantías, cuya renovación está pendiente desde este junio.
El máximo órgano judicial defiende su inadmisión al recurso por la "carencia de interés casacional" para formar jurisprudencia" y recuerda que la naturaleza de la actividad del grupo "ya ha sido analizada".
Pide al juez de la Audiencia Nacional que informe de cuánto dinero público se está gastando para mantener la causa abierta contra él como presunto líder de una trama que estafó 80 millones a bancos e inversores.
En una sentencia, los magistrados han estudiado el caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid que pidió reducir su jornada laboral a la mitad y mantener su sueldo para poder cuidar a su hija.
El Supremo ha resuelto qué juzgados son competentes en un asunto que involucra a la mayoría de las marcas de automóviles y a diez millones de afectados. Se pueden recuperar entre 2.000 y 9.000 euros.
Los abogados del exmandatario han trasladado la imposibilidad de hacer públicos los ejercicios fiscales hasta que el fallo del Tribunal de Apelaciones que permite su divulgación entre en vigor el próximo jueves.
Según la sentencia, los pactos adoptados por la junta de accionistas en 2013 se idearon y aprobaron para vaciar de contenido las facultades reconocidas judicialmente al fundador David Álvarez, fallecido en 2015.
El Alto Tribunal ya aceptó estudiar las decisiones de los gobiernos autonómicos después de que el Ejecutivo delegara en ellos las medidas. También resuelve los recursos contra el Consejo de Ministros.
El expresidente de la Generalitat rechaza la reforma del delito de sedición como solución personal o política ya que no entiende el beneficio que tendría para resolver el conflicto entre el Gobierno central y Cataluña.
Gran parte de la judicatura ha visto la ruptura de las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces como una "falta de respeto" y recuerda que los tribunales se encuentran al borde del "colapso".
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