El director general de Just Eat España, Íñigo Barea, asegura que "la única forma de dar estabilidad jurídica al sector es cumplir la ley y el modelo laboral". La normativa "rider" entró en vigor en agosto de 2021, pero aún falta solidez.
La presidenta de Madrid ha hecho público la denuncia que interpuso la Comunidad de Madrid ante el Supremo en junio por el Plan Hidrológico del Tajo y acusa a Pedro Sánchez de atacar por motivos políticos a la región.
La AN ha acordado por mayoría respaldar el comunicado del Tribunal Supremo en el que se exige respetar la separación de poderes frente a la supervisión por "lawfare"
Da la razón a la teleco e insta a Hacienda a la devolución de los importes ingresados y sus intereses. En los fundamentos jurídicos de la sentencia, se recuerda que el Supremo ya se posicionó en 2022 a favor de la firma.
En concreto el cierre afectaba a los ciclos combinados de gas de Palos de la Frontera 1 y 3, en Huelva; los grupos 2 y 3 en Cartagena y un grupo en Sagunto (Valencia).
El alto tribunal ha dictado la primera sentencia que resuelve un recurso por responsabilidad patrimonial del Estado por los cierres y suspensiones aplicados al sector de la hostelería y restauración durante la pandemia.
Competencia recuerda que los acuerdos entre competidores y las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación.
El Tribunal Constitucional ha retrasado el estudio del recurso que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado en diciembre de 2022.
Los magistrados han confirmado la absolución del exjugador después de estudiar los servicios jurídicos del Estado, que ya habían alegado ante el TSJ que con la absolución se había vulnerado la tutela judicial efectiva.
El Partido Popular sostenía que, con independencia de la importancia y necesidad de la regulación introducida por la norma, el uso de esta fuente normativa excepcional debe considerarse inconstitucional.
Todo se remonta a un caso en el que una empresa de seguros despidió a una persona trabajadora que se dedicaba a comercializar estos productos por, supuestamente, no haber alcanzado un objetivo de ventas pactado.
Zaintzen decidió investigar a un trabajador que desempañaba trabajos de limpieza de cristales, para lo cual se alternaba con otro compañero en el uso de un vehículo de la empresa en estado de embriaguez.
El Alto Tribunal analizará si el hecho de que se confirmara en la Audiencia Nacional la existencia de una negligencia de la compañía resulta posible la revisión de todo el procedimiento.
Empleo defendió que así venía impuesto por las leyes fiscales y que, en consecuencia, la indemnización debía computarse a efectos de determinar el nivel de ingresos del trabajador e impedía el cobro del subsidio.
El Tribunal Supremo ha negado el derecho e la Administración tributaria a examinar los documentos contenidos en dispositivos de investigados, excepto en determinados casos y con supervisión judicial impuesta.
Fenadismer ha explicado que tiene abierta una nueva fase para que todos los transportistas y sus familiares y allegados afectados puedan adherirse a la nueva reclamación judicial que va a plantear el próximo noviembre.
Las asociaciones sostenían que si se repartía un 50% para cada modalidad, la propuesta vulneraba el artículo 442.2 de la LOPJ, que establecía que de las plazas vacantes, un 30% era para promoción interna y el resto libre.
El alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada por las asociaciones judiciales contra el órgano de gobierno de los jueces.
La Sección Tercera de esta Sala ha establecido que únicamente resulta posible excluir a una entidad que recibe financiación pública de un procedimiento de licitación en caso de que se realizase una oferta anormalmente baja.
El Alto Tribunal asegura que no existen causas objetivas ni descenso en el desempeño del trabajador en su despido, sino una mera estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla.
El Alto Tribunal tumba la sentencia de la Audiencia Nacional y el pago exigido al grupo de construcción. Los magistrados entienden que habría existido “indefensión material” al no haber contado con un trámite de audiencia.
La cuestión prejudicial viene de un proceso en el que se impugnaron determinados preceptos del convenio colectivo de Air Nostrum, los cuales disponen de una distinta remuneración en el pago de régimen.
La sentencia de instancia entendía que si en el trabajo presencial las incidencias en el suministro de luz y red no tienen repercusiones sobre la actividad del trabajador, tampoco deberá hacerse con los trabajadores a distancia.
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