CRECE UN 5% LA UTILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose durante 2017, con 408.668 solicitudes hasta el 31 de julio, lo que supone un crecimiento del 5% respecto a los siete primeros meses del año anterior.
Según informó este martes el Consejo General de la Abogacía Española, todo apunta a que a final del año se habrán generado más de 640.000 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.
Por comunidades autónomas, el mayor crecimiento corresponde a Castilla y León, que con una subida cercana al 12% tramitó de forma electrónica 19.392 solicitudes de Justicia Gratuita; a continuación se encuentran Cataluña, con casi 56.000 expedientes y un incremento del 10,30%, e Islas Baleares, con más de 11.100 tramitaciones digitales y un 9,83% más que en 2016. En Ceuta el incremento de expedientes por vía telemática de Justicia Gratuita ha sido del 21,77%, con más de 1.000 solicitudes.
El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la Administración Electrónica, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan más de 45.300 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.
El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio de Abogados y las Administraciones Públicas. El ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las administraciones competentes.
Además, la digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.
Por último, las Administraciones Públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y, además, reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.