El gobierno español se posiciona contra la neutralidad de la Red

Una de las características fundamentales de Internet es que en su diseño original no discrimina la información que circula por ella de ninguna manera, ni por su contenido ni por su origen ni su destino.

Esto ha permitido que esté prácticamente al alcance de cualquiera montar un servicio en Internet y estar en condiciones de alcanzar audiencias -o clientes- de todo el mundo.

Pero muchas operadoras de telecomunicaciones llevan ya años haciendo presión para poder modificar esto.

Por un lado, dicen que el cada vez mayor consumo de ancho de banda, en especial con la popularización del vídeo a través de la red y las descargas de archivos, va a hacer que las redes alcancen tal saturación que dejarán de funcionar.

En ausencia de normativas claras al respecto en muchos países esto les ha permitido aplicar límites sobre cierto tipo de tráfico, lo que denominan hacer gestión de red, de tal forma que, por ejemplo, se ralentizan las descargas a través de redes P2P, o se impidie directamente el funcionamiento de servicios como Skype, que está comiéndoles mucho terreno, en especial en el mercado de las llamadas a larga distancia.

Por otro, y envidiosas del éxito de iniciativas en línea que la mayoría de ellas no han sabido replicar a pesar de intentarlo con inversiones millonarias, dicen que aquellas empresas que generan más tráfico como Google o YouTube, por citar un par de ellas, deberían pagarles algo por ello, como si no lo hicieran ya por el ancho de banda que tienen contratado.

Este vacío legal ha llevado a la Comisión Europea a llevar a cabo una consulta pública sobre la neutralidad de la Red en la que gobiernos, operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de equipos, organizaciones de consumidores, etc, han podido exponer sus puntos de vista, que pueden ser consultados en la web, salvo en el caso de aquellas cuyos autores hayan pedido que no se hagan públicos.

Todas estas opiniones serán tenidas en cuenta por la Comisión a la hora de ponerse a crear cualquier propuesta de normativas al respecto, y aunque las hay de todo tipo, como por ejemplo la de Skype, que como es de suponer defiende vehementemente la neutralidad de la Red, la del gobierno español deja mucho que desear, al menos desde el punto de vista de los usuarios.

Deja mucho que desear porque se alinea directamente con las tesis de las operadoras, sin que parezca ofrecer ninguna protección a los intereses de los usuarios.

Acepta, por ejemplo, la implantación de mecanismos de gestión de tráfico como los ya citados, tanto en los equipos de los usuarios como en los de los proveedores de contenidos como buscadores, agregadores de contenidos, etc.

Dice además que “debe considerarse adecuado el que exista una variedad de servicios de comunicaciones electrónicas, de diferentes características y precios, que se ofrezcan a los diferentes prestadores de contenidos y aplicaciones on-line, y asimismo que estos prestadores lleguen a acuerdos particulares con los operadores para obtener servicios adecuados a las características específicas de los productos que pretenden ofrecer, sin que quepa calificar a priori como “discriminación indebida” la coexistencia de esta variedad de servicios y acuerdos”.

La primera parte de esto nadie la discute, y es obvio que en el mercado debe haber distintas ofertas de conexiones con diferentes velocidades y características en función de las necesidades de cada usuario, y es que defender la neutralidad de Internet no es pedir que el acceso sea gratuito, como muchas veces dicen las operadoras, intentando desviar la atención.

Otra cosa es que el acceso a Internet debería ser considerado un servicio universal y tener un precio razonable, algo que a pesar de las promesas del ministro Miguel Sebastián parece que no tendremos a principios de 2011.

O que estas distintas ofertas vayan a incluir el fin de las tarifas planas, de tal forma que cuanto más consumas más pagues, lo que claramente discriminaría a los usuarios con menos recursos.

Pero la segunda parte de ese párrafo es demoledora, porque abre la posibilidad de que, por ejemplo, una operadora como Movistar llegue a un acuerdo económico con un buscador como Yahoo en virtud del cual los resultados de este lleguen más rápido a los usuarios que los de Google.

Esto terminaría con la igualdad de oportunidades que citaba al principio, ya que si a las operadoras les da por exigir el pago de unas primas porque sus páginas funcionen más rápido, es también evidente que no todas las empresas van a estar en igualdad de condiciones, en especial las más nuevas, con lo que la innovación que caracteriza muchos de los desarrollos en Internet desaparecería o se vería seriamente comprometida.

Y no vale el argumento de que el mercado se autorregularía, porque en algunas zonas es posible que ni usuarios ni empresas que quieran lanzar nuevos proyectos tengan muchas opciones a la hora de escoger proveedor de acceso a Internet, por no hablar de las ocasiones en las que ha habido pactos "secretos" par amañar precios y ofertas.

Habrá que ver por dónde van los tiros cuando se empiece a negociar la normativa europea al respecto, pero desde luego si los usuarios salimos bien parados de esta no será gracias al apoyo de nuestro gobierno.