Más de 20 multinacionales extranjeras inician el trámite para irse de Cataluña

Después de la fuga de 700 compañías españolas de Cataluña llega el turno de las firmas extranjeras. Algo más de una veintena de ellas radicadas en la comunidad autónoma ha iniciado los trámites para marcharse de manera inminente. Se muestran preocupadas no solo por la deriva independentista del Govern, sino también por las consecuencias que pudiera tener en el consumo y, por tanto, en sus negocios la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo central.

Estas compañías extranjeras se han dirigido a firmas de asesoría fiscal y mercantil para preparar su salida de Cataluña, según explican a La Información desde estos despachos. No pueden dar nombres, pero sí precisan que se trata de algunas grandes compañías que cuentan en sus filas con hasta quinientos trabajadores, que se dedican al sector de la producción y de la compra-venta de bienes y que la mayor parte de su accionariado es foráneo.

El trámite que han iniciado estas firmas con los despachos de asesoría fiscal es el de preparar toda la documentación para cambiar no solo su domicilio social, sino que algunas están dispuestas a trasladar su negocio fuera de Cataluña, aseguran las mismas fuentes. En las próximas horas está previsto que alguna de estas empresas anuncie la decisión de abandonar la región.

El destino que barajan de dichas compañías extranjeras es doble: por un lado, hay firmas que están pensando en ubicar su negocio principal en otros puntos de la Península Ibérica, aunque, por otro lado, también hay algunas que han pensado en abandonar España por temor a una detracción de su negocio como consecuencia de la situación política. Según lo que han trasladado en las conversaciones con fiscalistas, prevén una bajada de la demanda debido a la falta de confianza y seguridad. En este sentido, transmiten preocupación por lo que pueda ocurrir tanto si el Govern levanta el suspenso a la DUI como a las consecuencias para el consumo de aplicar el artículo 155.

"Queremos confianza, seguridad jurídica y paz social y eso es muy difícil de conseguir en una Cataluña como la actual con la población dividida en dos", apuntan las mismas fuentes. Consideran que en estos momentos no se dan las circunstancias adecuadas para continuar en Cataluña o en España, de ahí que hayan iniciado las gestiones para marcharse a otras zonas más tranquilas.

BASF pide que se mantenga el marco jurídico

Una de las grandes multinacionales que ha anunciado su intención de marcharse de Cataluña si los acontecimientos no cambian su curso es BASF, una química alemana que cuenta con 2.000 trabajadores y siete de sus once centros en Cataluña. Fuentes de la compañía ponen una serie de condiciones para continuar operando: que se mantenga el actual marco normativo y que se garantice una seguridad jurídica.

Esta opinión es compartida por otras firmas extranjeras radicadas en Cataluña, que no dudarán en cambiar su base de operaciones como ya han hecho CaixaBank, Sabadell, Abertis o Planeta si se produce un cambio en la legislación, es decir, si entra en vigor la Ley de Transitoriedad Jurídica que se aprobó en el Parlament.

Más de 10.000 millones de euros

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de supervisar la estabilidad y sostenibilidad financiera del país, estima en un punto del Producto Interior Bruto (PIB), más de 10.000 millones de euros, el impacto que tendría en la economía española un conflicto largo (permanente) con Cataluña. Por comparar, el presupuesto en infraestructuras de este ejercicio se sitúa en 7.500 millones. La Actualización del Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas, analizado por la AIReF, ha rebajado en tres décimas, del 2,6% al 2,3%, la previsión de crecimiento del PIB en 2018 por el conflicto catalán.

Sin embargo, según ha adelantado La Información, los análisis técnicos realizados por la AIReF no contemplan la posibilidad de un desplome de la economía española por el conflicto en Cataluña. La prueba es que, según explican, el organismo considera "factible" que el Gobierno cumpla con el objetivo de déficit público del 2,3% del PIB que ha adelantado para el próximo año.