El IRPF grava la capacidad económica puesta de manifiesto por ser titular de una vivienda o de un derecho real sobre una casa que no sea la residencia habitual y del que no estemos obteniendo rendimientos.
El IRPF grava también la capacidad económica puesta de manifiesto por ser titular y tener a su disposición un inmueble que no sea la casa habitual.
Este impuesto lo calculan los ayuntamientos a partir del valor catastral del suelo en el momento de la venta y de los años que ha permanecido en el patrimonio del vendedor.
Dicha operación empresarial, que se comunicó el pasado mes de julio, supone la disolución de Grilse, presidida por la mujer del millonario, Flora Pérez.
Hay tres conceptos técnicos diferentes en las normas sobre tasación: útil, construida con partes comunes y sin partes comunes.
El Registro de Aceptaciones Impagadas se limita a deudas de personas jurídicas (sociedades) de importe igual o superior a 300 euros.
Las oficinas aglutinan el grueso después de concentrar el 26% del total, y el retail se sitúa en segundo lugar, con un 22%.
Un acuerdo de la comunidad de vecinos influye tanto en propietarios como inquilinos, por norma general.
El afectado puede acudir a los tribunales para pedir que se le indemnicen los perjuicios que le hayan sido causados.
Los acuerdos de la comunidad de vecinos están para cumplirse, pero ¿afectan a los animales?
"Este año la incertidumbre seguirá presente en la actividad de este colectivo. Esta ralentización de las transacciones podría mantenerse mientras sigan las restricciones", advierten.
La ley establece que para que una comunidad de vecinos prohíba las viviendas turísticas deberá haber una mayoría de votos a favor de tres quintas partes del total de propietarios.
Que sea necesario el beneplácito de la comunidad de vecinos dependerá de diferentes factores. Por ejemplo, que las obras afecten a espacios comunes.
El presidente de la comunidad se puede encontrar con deudas antiguas y no pagadas. Esto es lo que dice la ley al respecto.
El objetivo para el comprador es ahorrarse parte del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Esta práctica fraudulenta es difícil de detectar por Hacienda, pero si lo hace tiene consecuencias importantes.
Si todos los actuales propietarios no se ponen de acuerdo en el precio de la vivienda, la única solución es un procedimiento judicial de división de la cosa común.
La única limitación al uso de las viviendas integradas en un edificio en régimen de propiedad horizontal es la genérica prohibición de desarrollar actividades contrarias a las disposiciones generales.
Se trata del documento que refleja las características de los materiales a emplear en la construcción y se incorpora al contrato cuando se vende un inmueble en construcción o "sobre plano".
La doctrina jurisprudencial dice que en caso de caída en edificios en régimen de propiedad horizontal serán responsables las comunidades cuando sea posible identificar un criterio de responsabilidad.
Es muy importante tener en cuenta que ambos cónyuges están obligados frente al banco, y no se puede cambiar la persona del deudor sin el consentimiento del acreedor.
Será válida la notificación practicada colocando la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto.
El uso de los segundos domicilios no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial sin acuerdo.
En el supuesto de que los copropietarios no estuvieran de acuerdo en cualquier cuestión relativa al inmueble común, las decisiones se adoptarán por mayoría.
La Ley de Propiedad Horizontal establece el mecanismo para evitar este tipo de situaciones, mediante el ejercicio de la llamada "acción de cesación".
El problema, a falta de junta, se plantea si no hay material de la comunidad y hay que gastar dinero. En ese caso habría que hacer una ponderación prudencial.
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