España cuenta con casi 300.000 viviendas de alquiler vacacional y, desde este verano, los propietarios están obligados a incluir los certificados de eficiencia energética de sus inmuebles en sus ofertas y contratos de arrendamiento. El coste para obtener estas etiquetas depende de las características de cada residencia, pero suele aproximarse a los 100 euros y el tiempo de tramitación puede llegar a los dos meses.
La normativa que impone los certificados es estricta y establece un régimen sancionador con multas de entre 300 y 6.000 euros para quienes incumplan los requisitos. Algunas de las infracciones más graves son falsear la información en los certificados y actuar como técnico sin serlo.
Cabe recalcar que las sanciones no solo serán aplicadas a los propietarios que incumplan la normativa ya que los portales de alquiler vacacional que publiciten inmuebles sin etiquetas también serán multados.
Para los expertos del sector, la medida es perjudicial por el poco margen de tiempo que han tenido los propietarios para adaptarse, y temen que este requisito sea otra piedra en el camino de la recuperación de los estragos que ha dejado la pandemia en el sector.
Almudena Ucha, directora de Rentalia, ha denunciado en un comunicado que "la obligatoriedad de que las viviendas de alquiler vacacional deban disponer de un Certificado Energético supone un jarro de agua fría para el sector, que por segundo año consecutivo se enfrenta a una temporada alta muy limitada y condicionada por el Covid".
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