Qué aspectos de la ley de vivienda había cuestionado el CGPJ antes de aprobarse

Aunque se haya dicho lo contrario, el Consejo no se mete en objetivos o cauces de la política de vivienda del gobierno, sino de legalidad. En este sentido, lo que se destaca es el ámbito competencial sobre la materia, que corresponde en gran medida a las comunidades autónomas conforme a los artículos 148 – 149 de la Constitución y su posterior desarrollo.

El informe indica que el ámbito de influencia estatal se articula mediante medidas fiscales o normativa sobre hipotecas, arrendamientos, protección a los consumidores, condiciones básicas del acceso a la vivienda, etc. y advierte de que a regulación estatal ineludiblemente tiene que limitarse a lo que sí es objeto de su competencia. En este sentido, y en relación con normas autonómicas, incluso apunta a supuestos de reiteración o incluso contradicción de mandatos entre el proyecto estatal y normas autonómicas en vigor, apuntando ya a la extralimitación de parte del contenido del proyecto estatal.

Además, se "advierte" de la posible tensión entre el derecho a la vivienda –que la Constitución no recoge como derecho exigible, sino como “directriz” a desarrollar y el derecho de propiedad-, y la necesidad de cohonestar ambos bienes jurídicos; y sobre la improcedencia de cronificar algunas medidas de las que se adoptaron como consecuencia de la pandemia.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com