Este martes, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la que será la primera Ley de Vivienda estatal. Un proyecto sobre el que Unidas Podemos y PSOE han estado debatiendo el último año, hasta que finalmente, y como antesala al Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), acabaron pactando a principios de este mes. La idea es que hoy se apruebe como anteproyecto de ley y que se envíe al Congreso como proyecto de ley "antes de que termine el año. El texto, entre otras, facultará a las comunidades autónomas para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.
Este último punto es lo que más controversia ha generado del texto. Y es que las comunidades autónomas podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años, tras constatar que en esa zona la renta del alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y en que en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad.
Por otro lado, la Ley de vivienda incluirá una serie de bonificaciones fiscales para arrendadores que firmen nuevos contratos de alquiler. Según el texto: "En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá de la siguiente forma":
- En un 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de alquiler sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado, en el que la renta inicial se hubiera rebajado en más de un 5% en relación con la última renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma vivienda, una vez aplicada en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior.
- En un 70% cuando el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que esta se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años.
- En un 60% cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 41 del Reglamento del Impuesto que hubiera finalizado en los dos años anteriores a la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento.
- En un 50% en cualquier otro caso.
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