El 'escudo social' que desplegó el Gobierno para proteger a la ciudadanía de las consecuencias del coronavirus puede no haber dado el resultado esperado. A las dudas sobre el Ingreso Mínimo Vital por el cuello de botella que está impidiendo que llegue a una mayoría de solicitantes, ahora pueden sumarse las ayudas al alquiler para afectados por la pandemia que el Ejecutivo central acordó con las entidades bancarias. Una serie de préstamos que pretendían aliviar a quienes sufrieran una mala situación económica para que tuvieran un respaldo público para conservar su vivienda. Pero que finalmente se han traducido en tan solo 7.443 créditos en todo el territorio nacional, según los datos a los que ha tenido acceso La Información. Lo cual contrasta con el número total de arrendatarios en el país, que supera los tres millones.
Esta cifra se traduce en que se ha invertido en esta política social un total de 26,6 millones de euros, lo que equivale a que los beneficiarios han obtenido una media de 3.576,22 euros cada uno. Por lo que apenas se ha utilizado el 7% de los 354,2 millones del presupuesto que se habían destinado al bautizado como Programa de Ayudas para Contribuir a Minimizar el Impacto Económico y Social del COVID-19 en los Alquileres de Vivienda Habitual. Una circunstancia que puede contrastar con la complicada situación económica que vivieron centenares de miles de ciudadanos a raíz del confinamiento que provocó la Covid-19. Aunque el Ministerio de Transportes, que es el competente en esta materia, no aclara a preguntas de esta redacción si esperaba un número mayor de solicitudes o si tiene una explicación a que el número sea tan bajo.
El contenido de las ayudas comprendía hasta 900 euros de mensualidad por cada arrendamiento durante un máximo de seis meses. Por lo que un solicitante podría acceder hasta a 5.400 euros. Para acceder a los mismos, el requisito principal es demostrar una reducción de ingresos significativa, como la de estar en un ERTE. Otra exigencia es que los ingresos de la unidad familiar no superen en cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples Mensuales (IPREM), situado en 2.689,20 euros. A esto se suma que el coste del alquiler y los suministros básicos debe estar por encima el 35% de los fondos del hogar. La novedad de esta línea de avales es que las solicitudes no las gestionaba la Administración, sino que eran los propios bancos los que las analizaban. Lo que sí hace el Gobierno es respaldar al 100% cada crédito concedido. Además, las entidades no podían exigir ninguna garantía a los afectados.
La documentación que se exige tampoco es extensa, al requerirse el documento que acredite el desempleo o el que probara el cese de actividad en el caso de los autónomos, los certificados de empadronamiento o una declaración responsable para asegurar que se cumple con los requisitos. Una batería de ayudas a las que podía acceder cualquier ciudadano que demostrar que entraba dentro de los supuestos establecidos. La única excepción son aquellos que cuentan con una vivienda en propiedad o son usufructuarios de una. Según el Ejecutivo, estas personas no entrañarían a su juicio posibles casos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El Gobierno presume del resto del 'escudo social'
Aun así, y con los cerca de 3,4 millones de arrendatarios contabilizados en España, esta fórmula puede no haber surtido efecto o seducido a quienes podrían haber necesitado de un apoyo económico de este tipo. Fuentes del departamento que lidera José Luis Ábalos no se pronuncian sobre si 7.443 préstamos es un número muy bajo o si es lo que esperaban. Lo que sí recuerdan es que el Gobierno planteó varias medidas "para que ningún hogar se quedara atrás". Entre estas, citan la suspensión de los desahucios, la prórroga de los contratos de alquiler o las moratorias en las deudas arrendaticias. Por lo que desde Transportes señalan que las vías disponibles pueden explicar ese número de peticiones de préstamo. "Los que han optado por solicitar esta ayuda son los que han considerado que era su mejor opción", señalan las mismas fuentes.
Otra circunstancia que el Ejecutivo destaca para afrontar esas cifras es que "son las entidades financieras participantes las que valoran y comprueban que los solicitantes cumplen los requisitos, de acuerdo con lo legalmente establecido". Pero sí recuerdan que estas ayudas son competencia directa del Estado. Por lo que las comunidades autónomas no han participado en la concesión de esos avales a quienes pidieron los créditos a los bancos. En lo que sí insisten es en destacar que el resto de ministerios han aprobado otras medidas para ayudar a quienes lo estuvieran pasando peor. La más destacada sería el IMV. A la que suman la prohibición de cortes de suministros básicos a familias vulnerables.
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos son muy críticos con este plan del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Según un portavoz, estas ayudas "son parches" que han puesto en más apuros a las familias que viven de alquiler. "Al haber mantenido los alquileres a precio de oro mientras la economía se deprimía y los ingresos de las familias caían, lo que ha sucedido es que muchas de ellas se han endeudado con los arrendadores", explican a preguntas de esta redacción. "Esas 7.000 ayudas no han ayudado al conjunto de la ciudadanía afectada por la pandemia", insisten desde la organización, que recuerda que cuando estalló la crisis reclamó "una cancelación o reducción del alquiler para todos los hogares que por culpa de la crisis se quedaron sin ingresos".
