La vivienda vuelve a ser un eje de campaña. Las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid devuelven al centro del debate a una cuestión que ha provocado una gran división entre los partidos por unos planteamientos que suelen ser irreconciliables. Cuestiones como el elevado precio de los alquileres, la vivienda pública disponible, los pisos turísticos o las grandes operaciones han enfrentado a la derecha y la izquierda. Pero también han motivado choques entre este último espectro, debido a que las fuerzas predominantes discrepan históricamente sobre cómo solucionar los problemas del inmobiliario. Por lo que lo que ocurra el 4 de mayo puede poner en cuestión todos los proyectos encauzados por un PP que apuesta por más deducciones para arrendatarios y arrendadores. Sobre todo, si la izquierda llega a la Puerta del Sol.
El análisis realizado por La Información de los programas electorales de los distintos partidos y la consulta realizada a los mismos evidencia que los bloques también están polarizados en esto. Incluso aunque los derroteros de la campaña hayan impedido por ahora que se haya convertido en un arma arrojadiza de unos a otros. Con la excepción de Vox, que en su corto programa apenas dedica una línea al tema, todos los partidos plantean distintas fórmulas y reformas para los dos próximos años con la idea de mejorar el acceso a la misma y fomentar el alquiler y la compra. Las diferencias están en ofrecer soluciones desde los impuestos, como hace el PP, o en una intervención directa del mercado, como reclaman Más Madrid y Podemos.
Si hay algo que divide a derecha e izquierda es una hipotética ley de derecho a la vivienda. Mientras que PP, Ciudadanos y Vox no piensan en una reforma de este tipo, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos aseguran que promulgarán una norma específica para este campo centrada en Madrid. En lo que sí difieren es en los detalles de la misma. Por ejemplo, los de Pablo Iglesias y los de Mónica García plantean que la Comunidad de Madrid pueda tener derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de vivienda de protección oficial. Lo que les permitiría 'vetar' operaciones de compraventa si consideran que van conta el interés general de la autonomía. Algo que no comparten los socialistas, que abogan por emplearla para garantizar el acceso a un techo y evitar que no haya alternativas habitacionales para quienes viven un desahucio.
Las viviendas vacías y la regulación del precio de los alquileres son los otros asuntos que enfrentan a la izquierda entre sí y que no preocupan a la derecha. Las tres fuerzas destacan que existe un problema con los inmuebles inhabitados. La forma de abordarlo del tándem García-Iglesias pasa por penalizar a los propietarios, bancos o empresas con pisos sin inquilinos. Por ejemplo, los morados ven la necesidad de crear un "impuesto a la vivienda vacía" para los tenedores de más de diez inmuebles. Más Madrid también plantea sanciones, aunque añade la posibilidad de convencer con incentivos. Entre los que citan la posibilidad de que se ceda una vivienda a cambio de la rehabilitación energética. Todo lo contrario que el PP, que anuncia una deducción para los arrendadores del 10% de IRPF en gastos de conservación y mejora, con un máximo de 150 euros. Medida con la que esperan que salgan más recursos al mercado. Mientras que el partido de Ángel Gabilondo se limita a explicar que buscará que se eviten situaciones de este tipo.
En lo que respecta a los alquileres, los socialistas descartan una apuesta que pase por controlar los precios. Por lo que mantienen la línea de la formación en el Gobierno central, ya que este tema es uno de los que mantiene bloqueada la Ley de Vivienda estatal que negocian el PSOE y Unidas Podemos. Iglesias insiste en hacer esta promesa electoral, que incluiría en su legislación autonómica. Más Madrid no la refleja en su programa, a pesar de que está de acuerdo con la misma. Fuentes de la formación explican a esta redacción no reflejarla en su propuesta se debe a que es "una competencia estatal", y legislar en ese sentido "puede acabar con que te lo tumbe el Tribunal Constitucional". Lo que sí tienen claro es que pedirían al Ejecutivo de Pedro Sánchez que les cediera esa facultad para intervenir el precio de los pisos.
Ayuso apuesta por las deducciones
Los partidos de la derecha coinciden con los de la izquierda en que es necesario aumentar el número de viviendas sociales para que los ciudadanos accedan a la misma a precios más asequibles. Y sobre todo, comparten el diagnóstico de legislar para los jóvenes. La diferencia está en las vías para ello. El PP es el que hace la propuesta más distinta, al anunciar un plan para ceder suelo público con el fin de construir 25.000 viviendas. El precio del arrendamiento sería más bajo a través de convenios con empresas. Aunque si por algo apuesta la candidatura de Isabel Díaz Ayuso es por rebajar la factura fiscal de los jóvenes alquilados. Algo que haría a través de la declaración de la renta, al aumentar de 1.000 a 1.200 el límite del IRPF que se pueden deducir los menores de 35 años. Medida que ampliarían hasta los 40 años si los contribuyentes tienen obligaciones familiares o están en desempleo.
Los 'populares' también destacan por defender la opción de que los jóvenes compren vivienda. Para fomentar esta práctica, aseguran que permitirán una deducción de IRPF del 25% de los intereses de la hipoteca, con un máximo de 1.000 euros anuales. Además, prometen programas de ayudas directas para reforzar que la población juvenil se atreva a hacerse con piso en propiedad. En una línea similar está el PSOE, que también quiere que haya más propietarios menores de 35 años. Por eso, señala que llevará a cabo programas para impulsar esa compra de casas, además de incidir en la rehabilitación de casas y el alquiler. En lo que respecta a esa reforma del parque inmobiliario, los socialistas cifran en 521.000 las que necesitarían de un paso 'por talleres'. En Ciudadanos, los de Edmundo Bal impulsarían que se priorizara el acceso a pisos públicos a los jóvenes y a las familias con pocos ingresos. A lo que suman la construcción de más bloques para así bajar los precios con un aumento de la oferta.
El foco en las grandes operaciones
El futuro de Madrid Nuevo Norte o la Operación Campamento también pasa por lo que dicten las urnas tras el 4 de mayo. Si el PP insiste en que la anterior Operación Chamartín sea uno de los 'buques insignia' del futuro de la región, tanto Más Madrid como Unidas Podemos quieren paralizarla o, al menos, replantearla. El programa de Ayuso destaca que será el "desarrollo urbano más ambicioso" de Europa, con sus 20.000 millones de euros de inversión y la generación de 350.000 empleos. El PSOE tan solo habla de darle un impulso tanto a esta como a Campamento y a la Estrategia del Este. Por lo que no entra en si quiere hacer cambios, aunque su grupo en el Ayuntamiento votó a favor del último desarrollo en 2019.
Los de Pablo Iglesias van más allá, y abogan por suspender todos los planes urbanísticos en tramitación superiores a 150 hectáreas. Por lo que paralizarían Madrid Nuevo Norte, que desde su aprobación es uno de los grandes objetivos que tienen en el ámbito urbanístico. Más Madrid no hace mención a ella en su propuesta, pero Mónica García señaló en una entrevista con este medio que es partidaria de hacer modificaciones. La alternativa del partido regionalista es la de cambiar la autonomía por completo para llevar a cabo el proyecto del "Madrid de los 15 minutos". Una propuesta que consiste en que un ciudadano tenga su trabajo, suministros y ocio a una distancia corta. Socialistas y morados tienen una idea parecida. Los primeros destacan el desarrollo de la "agenda urbana", que pasa por más políticas climáticas y una mejora de las ciudades.
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