Descontento en el sector

La expropiación de casas en Baleares "deja un precedente y aleja inversores"

El Gobierno balear inició el martes el proceso de expropiación temporal de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social. 

La compraventa de vivienda libre en Baleares cae un 26,8% en el primer trimestre del año, según Fomento
La expropiación de casas en Baleares "deja un precedente y aleja inversores".

El Gobierno de Baleares precedió este martes a expropiar 56 viviendas de propietarios que entran en la categoría de 'grandes tenedores' para destinarlos al alquiler social. La medida generó estupor en un sector poco acostumbrado a ver este tipo de acciones, pese a que su ley pionera las permite desde 2018. Fernando Valentin Nadal, gerente de Linving Palma Inmobiliaria asegura a 'La Información' que "esta medida no ataca el problema de raíz que tiene Baleares. Aquí lo que falta es vivienda accesible y expropiar 56 inmuebles no llega a ser más que un parche".  

El empresario local defiende que la última decisión del Gobierno "va a desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera por la incertidumbre e inseguridad jurídica que genera. El giro de las autoridades  sienta un precedente importante y aleja a los inversores. ¿Quien va a querer invertir cuando existe una posibilidad de que llegue el Gobierno y le expropie los inmuebles?".

En la misma línea, Aval, la asociación de propietarios de viviendas en alquiler, "considera que esta normativa supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española". La asociación explicó en un comunicado que "este tipo de medidas, que generan mucho ruido pero que no son efectivas, provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a mediolargo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger".

En este sentido, Fernando Valentin Nadal aclara a este medio que "el problema de la vivienda se pudiera solucionar de varias formas, como dar incentivos a la construcción y subvencionar los alquileres, pero no se ha hecho nada en los últimos años". Además, el empresario insiste en que "llevamos pidiendo que se regule el sector varios años y tampoco se han visto pasos hacia adelante".  

La expropiación ha encontrado resistencia. 27 de las viviendas están en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza. El propietario de nueve de los 23 pisos de Menorca aseguró a Europa Press que compró estas propiedades a un banco en mayo de 2020 estando en obras, y que desde entonces ha estado reformándolas para venderlas. El hombre asegura que no ha cerrado ninguna venta por los trámites de habitabilidad que tiene pendientes, pero el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, defendió ante los medios la semana pasada que la venta o la oferta de los pisos no interrumpe el cómputo del tiempo que permanecen vacíos.

Los números no benefician a los propietarios. El coste del alquiler de estos pisos será de 1,8 millones de euros para el Gobierno local. El precio que pagarán las autoridades a estos tenedores es inferior a lo que marca el mercado ya que el índice de precios del Ministerio fija en 624 euros mensuales la media de estas rentas, y los miembros del Gobierno desembolsarán solo 391 euros. Por otra parte, el monto que pagarán los nuevos inquilinos todavía no ha sido fijado, pero ya se estableció que no puede superar el 30% de sus ingresos. 

Una mirada por el mercado inmobiliario balear refleja tendencias preocupantes. Las últimas cifras de la tasadora Tinsa reflejan un aumento del 3,7% del precio de las viviendas con respecto al año anterior en las islas Baleares y Canarias. Es el mayor repunte de todas las zonas españolas y un comportamiento contrario al de las grades urbes, cuyos precios han descendido un 1,4% en el mismo periodo.

El conseller de Movilidad y Vivienda de Baleares, Josep Marí, señaló en su momento que la ley de la localidad permite "sacar pisos del mercado libre especulativo para ponerlas en manos de quien más lo necesita", devolviendo a estas viviendas "una función social que se incumple cuando están cerradas". Sin embargo, todavía queda mucho 'papeleo' para que las viviendas pasen a manos del Gobierno balear. En los próximos días se publicará la resolución de la medida en el Boletín Oficial (BOIB), se notificará a los afectados y se abrirá un plazo de presentación de alegaciones. También cabe la posibilidad de que los propietarios recurran ante los tribunales. 

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