El Gobierno de coalición quiere dejar atado este mismo año el adelgazamiento de la cartera de inmuebles propiedad del Estado. De ello se está encargando el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de gestionar esos activos. Esto es lo que ha llevado al departamento que lidera María Jesús Montero a empezar a elaborar un Plan de ventas de los edificios o terrenos que están en manos de la administración central, como se desliza en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y confirman fuentes gubernamentales a La Información. Dicha estrategia abarcará lo que queda de década, al comenzar en 2022 y extenderse hasta 2030. Por lo que el Ejecutivo se da un plazo de nueve años para llevar a cabo las operaciones necesarias.
Este plan de Hacienda, por el que persigue el incremento de los ingresos estatales a cambio de dejar de contar con una gran parte de sus activos, será el primero de este tipo que se elabora desde que el PSOE recuperó el poder en 2018. Fuentes de la cartera de ministra andaluza no aclaran qué número de inmuebles estiman que pondrán finalmente a la venta para las empresas o promotoras interesadas. La realidad es que ahora mismo tienen bajo su mano más de 19.000 activos, como recoge la última actualización que la Dirección General de Patrimonio remitió al Portal de Transparencia. Entre ellos hay numerosos solares, una gran cantidad de fincas rústicas, otro tanto de edificios o de locales comerciales, además de varias naves industriales. Además, el ministerio está dispuesto a desprenderse de cerca de 40 solares o edificios por la vía de la venta directa, según recoge su página web.
El paso previo a esta apuesta es el de cerrar numerosas operaciones para incluirlas en el ejercicio 2021. El proyecto de los PGE remitido al Congreso recoge las estimaciones de Hacienda para este año para empezar a aliviar el extenso 'portfolio' que acumulan. Una de las primeras medidas será la puesta en valor de un total de 546 inmuebles, con la que se preparará el terreno para que sean puestos en el mercado. Otra decisión contemplada es la de ejecutar la venta de 334 propiedades antes de que acabe este año. Lo que puede traducirse en unos ingresos que superarían los 110 millones de euros, según estiman desde la cartera ministerial. Una cantidad exigua que el Gobierno justifica con que "se mantienen sobre la actividad económica los efectos derivados de la crisis sanitaria".
La administración central que lideró el PP ya elaboró un plan similar que se desarrolló entre 2013 y 2015. El mismo fue bautizado como 'Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado', y consistió en poner en el mercado cerca de 15.000 propiedades con el fin de sumar varias cientos de millones a las arcas públicas. Entre las operaciones destacadas estuvieron la venta del antiguo Taller de Artillería, en Chamberí (Madrid) por 111 millones de euros; la del aparcamiento de la calle madrileña Raimundo Fernández Villaverde por parte de Adif a El Corte Inglés, por 136,5 millones; o los más de 40 millones que se ingresaron por la antigua sede de la CNMV, adquirida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Aquella reforma del PP estaba incluida en el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración, que fue impulsado en 2012 por el departamento que entonces lideraba Cristóbal Montoro. La coalición de PSOE y Unidas Podemos ha mantenido las bases de esta política para seguir acometiendo enajenaciones en los más de tres años que lleva Pedro Sánchez en Moncloa. Como admiten desde Hacienda, hasta 2020 la dirección general de Patrimonio ha logrado colocar numerosos activos que han alcanzado un importe de 458,11 millones de euros.
Nuevo rumbo de Segipsa
Los cambios en el inmobiliario público no se limitan a la llegada al mercado de los edificios controlado por el Estado. El Ministerio de Hacienda también tiene previsto ejecutar cambios sobre las administraciones que se encargan de la gestión, valoración y adjudicación de los mismos. Es lo que va a ocurrir con la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), la entidad encargada de la valoración de los activos públicos y de todas las tareas que le encomienden sobre los mismos. El articulado de ley de los Presupuestos contiene una modificación por la que se amplía su radio de poder adjudicador. Lo que supone que desde 2022 ampliará sus competencias y podrá encargarse de las operaciones y del servicio técnico que le reclamen otros departamentos sin esa capacidad.
Fuentes de Hacienda consultadas por esta redacción aseguran que los cambios que se producirán por este motivo en la legislación del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre) servirán para "introducir algunas precisiones sobre el posible objeto de los encargos a SEGIPSA". Esto implicará que las sociedades públicas (como varias de carácter mercantil) que no tienen capacidad para realizar adjudicaciones puedan utilizar a SEGIPSA para llevarlos a cabo. Lo que convertirá a dicha sociedad en una suerte de promotor para las distintas oficinas públicas que tengan previsto realizar actuaciones sobre sus inmuebles y para que valore dichas propiedades.
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