La ley de contratos de crédito, contra la imposición de productos desde bancos

La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) ha cumplido dos años, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, ha señalado que, con esta, "han aumentado la transparencia y la seguridad jurídica de los préstamos hipotecarios", en un encuentro al que acudió 'La Información'. La normativa se creó para garantizar la libre elección de notario por parte de los ciudadanos y frenar la obligatoriedad de compra de servicios vinculados a estas herramientas, como los seguros, impuesta por los bancos.

La portavoz de la entidad, Teresa Barea, ha señalado que la ley en cuestión elimina esta imposición por parte de las empresas financieras y fomenta la libre decisión de los contratantes. Cualquiera puede adquirir productos relacionados con estos contratos del mismo banco con el que lo suscribe o decantarse por otro proveedor. La portavoz ha celebrado que los futuros prestatarios tienen cada vez más información y son conscientes de sus posibilidades en torno a estos préstamos. 

Esta ley también 'toca' el vencimiento anticipado de los contratos por impago ya que otorga un margen de 12 meses -en la primera mitad del préstamo- cuando se produce un retraso del pago de una cuantía equivalente al 3% del capital concedido. En cuanto a la segunda mitad del préstamo, procederá el vencimiento anticipado tras un impago que represente el 7% del crédito en un periodo de 15 meses. 

Los dirigentes de la entidad también destacaron que la normativa limita las comisiones que los bancos pueden cobrar a los clientes por la amortización anticipada de una hipoteca a tipo fijo, que pueden ser como máximo del 2% los diez primeros años de vida del préstamo y del 1,5% durante el resto del plazo. En cuanto a las hipotecas a interés variable, el límite legal es del 0,25% los tres primeros años o el 0,15 % los cinco primeros.

Otro punto destacado en el evento fue que la nueva normativa ha facilitado la elección del notario por los clientes de las entidades financieras; un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable. En esta ley "se garantiza el derecho del consumidor a elegir el notario que prefiera y a reunirse con él a solas para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. La experiencia muestra que estos encuentros a solas se producen, de media, entre siete y tres días antes de la autorización y firma del préstamo", según Teresa Barea

En estos dos años los notarios han autorizado 677.596 actas de transparencia, frente a los 606.498 préstamos hipotecarios firmados incluidas novaciones y subrogaciones, una cifra inferior a la que se registró antes de la entrada en vigor de esta ley porque hay operaciones que requieren más de un acta, los casos en que una de las dos partes cambia de opinión y la caducidad de los plazos para llevar a término los trámites. En estas actas, que son gratuitas, los notarios verifican que la entidad financiera ha entregado al consumidor toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la que debe ser en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

Aún así, todo puede cambiar porque el periodo analizado en este informe se ha caracterizado por una gran volatilidad en el mercado hipotecario debido a la crisis que desató la pandemia de coronavirus.  De hecho, el mercado marcó mínimos en la firma de acta durante el mes de marzo (25.354), que se agudizaron en abril (16.563).