La batalla política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por la Ley de Vivienda entra en una nueva fase. Tras la aprobación del anteproyecto este martes en Consejo de Ministros y con la expectativa de que llegue en menos de un mes al Congreso, el Ejecutivo ya está avisando de que las autonomías que rechacen aplicarla podrán privar de las ventajas fiscales que contiene a sus ciudadanos. El motivo es que solo podrán acceder a las bonificaciones que recoge la legislación aquellos propietarios que vivan en regiones que hayan realizado la declaración de zona tensionada en puntos de precios elevados de alquiler y poca oferta, según explican fuentes del Ministerio de Transportes a La Información.
Esta circunstancia dejará fuera de este nuevo marco a los habitantes de las regiones que ya han advertido que no aplicarán la norma, que son mayoritariamente las del PP. Como explican las fuentes consultadas, la ley establece que para que un ciudadano acceda a esos beneficios fiscales, que van del 50% al 90% según cada caso, es un requisito imprescindible que los gobiernos autonómicos hayan señalado previamente que cuentan en su territorio con un espacio conflictivo para el mercado del alquiler. Es decir, deberán comunicar que tienen barrios o distritos con un "especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente". Una calificación a la que se llega por situaciones como que el coste de alquilar supere en un 30% la media de los ingresos de los arrendatarios.
Esta redacción del articulado de Vivienda estatal implicará que habrá ciudadanos que no disfruten de unas bonificaciones en las que puedan estar interesados debido a la decisión política de su gobierno regional, aseguran las fuentes gubernamentales consultadas por esta redacción. "Las CCAA que no se sumen a la ley estarán quitando las bonificaciones a los particulares que quieran aplicarlos", insisten. Lo que supone trasladar la presión a esos ejecutivos que consideran que esta norma choca con sus competencias o que incluso puede atentar contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
El aviso que lanza Transportes da una nueva dimensión a la disputa política avivada en torno a esta cuestión. La principal afectada por esa exclusión de las bonificaciones sería la Comunidad de Madrid. Desde que se conoció el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar el anteproyecto correspondiente, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso manifestó su descontento y advirtió de que ya estaba preparándose para una batalla judicial si consideraba que la administración central invadía las competencias de vivienda que tiene transferidas. Según explican fuentes gubernamentales, esta posición de Ayuso supondrá que "los particulares interesados en las ventajas de la ley se queden sin las mismas". "Se les excluirá del nuevo sistema aunque ellos quieran acogerse al mismo", reiteran.
Madrid no es la única que ha avisado de que no está conforme con lo planteado desde el Gobierno central. Andalucía es otra de las grandes comunidades que no tiene intención alguna de aplicar la norma estatal, que dadas las transferencias competenciales en materia de vivienda es de carácter habilitante para las CCAA. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya anunció que rechazaba por completo cualquier intervención del mercado del alquiler para llevar a cabo el control de los precios. La Junta de Andalucía también destacó que una reforma de este tipo provocaría que los inversores limitaran su exposición en España.
El PP no ha dejado solos a sus presidentes autonómicos en su lucha contra el nuevo marco de la legislación. Su líder, Pablo Casado, ya anunció semanas atrás que ninguna de las regiones que controlan llevará a cabo las políticas de control de precios que pueden ejecutarse sobre las zonas tensionadas. Algo que se extiende a los ayuntamientos de color 'popular' que también cuentan con ciertas competencias en Vivienda. Otra promesa que lanzó fue que la recurrirían al Tribunal Constitucional una vez estuviera aprobada. Esos mensajes fueron replicados por el Gobierno, que a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que no aplicarla sería perjudicial tanto para los caseros como para los inquilinos.
El otro foco del posible conflicto es Cataluña. Los partidos independentistas que abogan por la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios tampoco están conformes con la Ley estatal. A juicio de ERC o la CUP, esta puede acabar "diluyendo" la legislación catalana, que ya recoge ese control del coste del arrendamiento. La otra cuestión tiene que ver con la reserva de un porcentaje de nuevas promociones a vivienda social. La norma del Gobierno central incluye un sistema de compensaciones a las firmas por esta medida. Algo que no hacen administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona. Las fuentes gubernamentales consultadas por esta redacción señalan que el rumbo en este caso lo ha marcado el Tribunal Constitucional, que ha señalado que "hay que dar respuesta a esa modificación de derechos patrimonializados".
Mientras se produce esta disputa entre administraciones, la Ley de Vivienda va camino de afrontar el trámite de información pública. Al haberse declarado como urgente el anteproyecto, dicha declaración podrá resolverse en solo 15 días. Después, llegará en segunda lectura al Consejo de Ministros y de ahí pasará al Congreso. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a que esté aprobada en el segundo semestre de 2022. Por lo que los efectos del control de precios se retrasarán hasta 2024, dada la moratoria de 18 meses que incluye la legislación. Desde el sector, organizaciones como la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL) estiman que esta reforma "supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual".
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