La fecha marcada en rojo en el calendario ha llegado. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un paquete con más de una veintena de medidas para dar respuesta a la crisis por la guerra en Ucrania y para mitigar la incesante subida de precios generalizada -en especial, la de la electricidad, el gas, los carburantes y los alimentos- que ya venía mostrando signos de fatiga y que se ha agravado aún más tras la invasión rusa. El plan de choque se divide en ayudas sociales, ayudas para empresas, ayudas para el sector transporte -que llegan de unos paros que se han extendido durante más de una semana-, ayudas en materia de ciberseguridad y, por último, en materia de energía.
En cuanto a la primera pata, la de ayudas sociales, el Gobierno incluye una bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible, el veto al despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado, un incremento del 15% del ingreso mínimo vital (así quedarán, por tanto, sus cuantías con esta nueva subida) o, también, un límite del 2% en la revisión de los alquileres.
La de la vivienda se trata de una solución light con respecto a la propuesta que Unidas Podemos tenía sobre la mesa, que era la de congelar las actualizaciones de los contratos, mientras durase la crisis energética. Pero, tal y como adelantó La Información, el Gobierno de coalición ha estado semanas negociando esta medida que, finalmente, se ha concretado en un tope máximo para el encarecimiento de los alquileres, con un plazo temporal que duraría hasta el 30 de junio.
En qué consiste
Veamos: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que para actualizar la cuota del alquiler, debe existir liberad de pacto entre el casero y el inquilino, eso sí, en contratos redactados más tarde de 2013. También se especifica que el máximo permitido, en cuanto a un posible aumento de renta, estará fijado por el IPC, con el objetivo de evitar aumentos abusivos.
La LAU detalla que para calcular la nueva renta, se tendrá en cuenta el IPC general y no el correspondiente al subgrupo o categoría de vivienda. "Cuando en el contrato no se halle previsto una cláusula de actualización del IPC, la cuota no será aplicada. Y, si dicha cuota está presente, pero no se explica su mecanismo de funcionamiento, en estos casos, la LAU vinculará la variación del coste del alquiler al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se caracteriza por dos aspectos: la subida nunca podrá ser más del 2%; y por otro, si es negativo, la renta no baja, sino que se mantiene sin alteraciones".
Así las cosas, el Gobierno aprobará la limitación de esas subidas de los precios del alquiler hasta el 2%, pese a existir cláusulas de revisión vinculadas al índice de precios al consumo, que incluye la mayoría de contratos de arrendamiento.
Es decir, el último dato disponible del IPC registró un incremento del 7,6%. En la parte práctica, la medida supondría que las rentas del alquiler solo podrían aumentar dos puntos, lo que significaría reducir en más de un 5%, lo que sí podría revalorizarse en condiciones normales, al estar sujeto al IPC.
A quién afecta
El Ejecutivo aplicará esta medida sin distinción sobre si el propietario de la vivienda es un gran tenedor (cuenta con más de 10 viviendas alquiladas) o es un particular. Esta es, de hecho, una de las grandes novedades que incluye este plan de choque y que amplia a todos los contratos algunas de las medidas que durante la pandemia se aplicaron a los alquileres entre inquilinos y grandes tenedores, como las moratorias o la renovación de los contratos.
Cuándo entra en vigor y cuánto dura
Se espera que la medida entrará en vigor a finales de esta semana, aunque está por ver el Real Decreto del Boletín Oficial del Estado (BOE) de forma detallada y si llegan de forma escalonada o todas en un paquete.
Por lo pronto, se mantendrá hasta el 30 de junio. Para esa fecha el Gobierno espera que los precios ya hayan comenzado a moderarse.
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