El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha pedido al Gobierno que las subvenciones para la rehabilitación energética de viviendas no tributen en renta, una de las "trabas" que a su juicio puede hacer fracasar la gestión de los fondos europeos.
El riesgo de que no se acaben ejecutando los 3.500 millones de euros que movilizará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, procedentes de los fondos de recuperación Next Generation, para la regeneración de barrios y rehabilitación de viviendas ha estado presente este martes en la primera jornada de la feria de la edificación Rebuild 2021, que se celebra en Ifema.
A pocas semanas para que el ministerio movilice 2.970 millones de euros dirigidos a la rehabilitación residencial de 510.000 actuaciones, Gómez-Pintado ha explicado que "para evitar que pase como con los fondos Feder, en los que se consume un treinta por ciento de las aplicaciones anuales, "el gran reto es concienciar a la sociedad civil" de la importancia del plan de rehabilitación energética del Gobierno.
Las comunidades de propietarios son las que tienen que rehabilitar sus edificios y un buen número son personas jubiladas, propietarios de edificios de los años 60, a los que será difícil convencer de que hagan una inversión que va a obtener retorno dentro de diez años.
Si además tienen que tributar en renta la subvención del 30% o 40% que reciben de la administración para ellos será "desalentador", ha pronosticado Gómez-Pintado, tras lamentar que en el Ministerio de Hacienda y en el de Transportes sean "a estas alturas muy reacios" a aprobar esa exención, lo que supone una "traba".
El presidente de los promotores también ha advertido de que "se puede fracasar por la generación de cuellos de botella en la tramitación de las licencias de fabricación", por lo que pide que estas se sustituyan por declaraciones responsables, algo que también ha dicho que genera "rechazo" en la administración.
Desde la patronal de la construcción, su secretario general Mariano Sanz, ha recordado la preocupación que existe en las empresas del sector por la falta de mano de obra cualificada y ha incidido en que la llegada de los fondos europeos "acentúa la urgencia" por abordar este problema.
Entre 2008 y 2020 el porcentaje de trabajadores menores de 34 años ha bajado en la construcción del 42% al 18% y en 2030 el 30% de los profesionales especializados en sus oficios se jubilarán. "¿Cómo vamos a incorporar 700.000 personas al sector cuando está pasando todo lo contrario y cómo vamos a construir todo lo que tenemos que construir con el personal cada vez más mayor y con menos vocación?", ha planteado el representante de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
En nombre del ministerio, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha reconocido que el éxito en la aplicación de los fondos "no será posible sin una colaboración público-privada estrecha, que entienda de la dimensión de la propuesta y afronte el reto de conseguir los objetivos que se persiguen".
Lucas, que ha apuntado que a final de mes estarán disponibles el real decreto-ley y el real decreto que desarrollarán esas medidas, ha abogado por aprovechar la "oportunidad histórica de cambiar el modelo productivo y enfocar la rehabilitación de edificios con una nueva perspectiva".
En esa línea, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martin, ha destacado las "ventajas sociales, económicas y medioambientales de primer nivel" que presenta la construcción industrializada y se ha congratulado de que la suya sea la región que más vivienda va a construir en esta década.
La consejera madrileña ha criticado que "los que hablan del ladrillo y del ladrillazo" sean "los mismos que hablan sin reparos de las dificultades de los jóvenes por acceder a una vivienda" y les ha dicho que "la respuesta no puede venir de la inseguridad jurídica y el ataque a la inversión privada, porque eso acaba por generar subidas de precios".
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