Aunque aún no han trascendido todos los detalles técnicos de las nuevas medidas que se impulsarán en la nueva Ley de Vivienda, que acordaron durante el día de ayer y casi 'in extremis' PSOE y Unidas Podemos después de un año negociando y que ahora forma parte de los Presupuestos Generales de 2022 (PGE), sí que se han avanzado algunas reformas que entrarán en vigor el próximo año como el nuevo bono vivienda, destinado ayudar a pagar el alquiler a aquellos jóvenes (18-35 años) cuyos ingresos no superen los 23.000 euros anuales o la intervención en el mercado de alquiler.
Esta última, que era una de las demandas de Unidas Podemos, ha sido la reforma que más controversia ha generado en las últimas horas. Básicamente, supondrá que se bajen precios por ley en zonas tensionadas. Una medida que afectará a grandes propietarios, definidos como aquellas personas jurídicas que tienen más de diez viviendas y a los que la norma obligará a reducir el precio del arrendamiento que cobran a sus inquilinos. Es decir, a las personas físicas no se les obligará a bajar el alquiler en el caso de que el gobierno regional solicite la declaración de zona tensionada, aunque posean más de 10 viviendas.
Pero, ¿qué son las zonas tensionadas? Son aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, que ha supuesto que los hogares tengan una carga financiera. De momento, y a no ser que con la nueva Ley se fijen nuevos baremos, se denominan así aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona.
Plazo de 18 meses
Eso sí, el Gobierno ha decidido darse un plazo máximo de 18 meses, desde la entrada en vigor de la futura ley de vivienda, para trabajar con las comunidades autónomas y las administraciones implicadas los índices de precios de los alquileres que servirán de referencia a los territorios para aplicar las limitaciones e incentivos que se contemplen en esa norma, según informan fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo defiende que el sistema de índice de precios en el que se basen esas medidas debe ser un instrumento "muy útil" y "muy preciso" y, en este sentido, debe estar muy "trabajado". De ahí que la norma vaya a establecer ese plazo de hasta 18 meses para que los Ministerios y Administraciones implicadas trabajen en esta cuestión, después de que la norma haya entrado en vigor.
Por su parte, las personas físicas sí se podrán beneficiar de los incentivos fiscales, que pueden llegar hasta el 90%, por rebajar los precios de los alquileres, según el mecanismo que se detalle en la nueva norma. Según las fuentes consultadas, el 85% de los propietarios en España son personas físicas que se podrían beneficiar de esas medidas.
