La visión del mercado inmobiliario que tienen las principales administraciones catalanas está provocando inquietud entre las empresas del sector. Esto está llevando a las firmas especializadas a desarrollar unos planes a medio y largo plazo en los que Cataluña cuenta con una presencia mucho menor de lo que podría tener. Algo que puede afectar especialmente a Barcelona, que con su regulación municipal sobre los alquileres ha disuadido a varias socimis de expandirse en su territorio. Así lo confirman varias fuentes del mercado consultadas por La Información, que ya tienen definidas sus estrategias de crecimiento con esos condicionantes y en las que se piensan mucho si seguir invirtiendo en dichas regiones.
La situación actual es que varios de estos vehículos tienen previsto limitar su exposición futura en la comunidad autónoma, situación preocupante cuando más de una treintena de cotizadas tiene activos en Barcelona. Además, hay otros actores que directamente descartan desarrollar su actividad en la ciudad, como explican las fuentes consultadas por esta redacción. "Nuestro futuro plan de crecimiento no tiene en mente Barcelona. Lo que plantea el Ayuntamiento no nos ayuda", explica un alto directivo de una socimi. Otra fuente señala que en sus previsiones de inversión tampoco cuenta con los entornos catalanes, algo que "empieza a ser norma en el sector", advierte.
Esta renuencia a apostar por la ciudad condal se explica con las reformas del mercado de arrendamiento que ha impulsado la alcaldesa, Ada Colau. El consistorio aprobó hace unas semanas la declaración de zona tensionada para toda la ciudad, lo que supone que durante al menos cinco años se pueden aplicar las herramientas de limitación de precios que recoge la Ley de Vivienda catalana. Los votos del gobierno municipal (Barcelona en Comú y PSC), ERC y JxCat permitieron que saliera adelante. Antes, se desestimaron las alegaciones de las asociaciones de promotores y de propietarios de vivienda en alquiler por ser "minorías privilegiadas", en palabras de la concejala de Vivienda, Lucía Martín.
Esta tendencia a descartar Barcelona va camino de convertirse en una constante para las socimis, aunque ya llevaba tiempo pasando. Directivos de estos vehículos sostienen que descartaron en el pasado varias inversiones o incluso su entrada en el mercado barcelonés por las promesas en materia inmobiliaria de los poderes ejecutivos local y regional. "Decidimos no entrar cuando empezamos nuestra actividad hace un tiempo. Ya entonces lo tuvimos claro", señala una de las fuentes consultadas. Entre los motivos que alega está la posición de Colau y su formación sobre el mercado del arrendamiento, que se define por el tope a los precios y por una intervención completa de la administración en el negocio que gestionan las empresas.
El otro motivo que desalentó a las socimis es la norma que obliga a que las nuevas promociones reserven un 30% de los pisos para el alquiler social. Dicha reforma fue aprobada en diciembre de 2018 tras la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), y afecta a todas las obras nuevas y grandes reformas que tengan más de 600 metros cuadrados. Un extremo que está previsto que se incluya en la ley de Vivienda estatal que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, lo que supondrá todo un aval para esa medida, aunque en este caso se contemplan compensaciones a los promotores, algo que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene en cuenta.
La puntilla para esas posibles inyecciones en el inmobiliario de la comunidad que gobiernan ERC y Junts per Catalunya es la legislación autonómica sobre arrendamientos que va en la misma línea de lo que defiende Colau. Esta norma es la que ampara ese control de los precios, basada en un índice de referencia que determina qué zonas están tensionadas y que se aplica actualmente en 60 municipios catalanes. Las empresas ya han advertido de que desde su puesta en marcha en septiembre de 2020 las inversiones se han reducido. "Es el ejemplo de lo que no hay que hacer para atraernos", explica un agente del sector a La Información.
La presencia de las socimis
Los planes a medio y largo plazo de los vehículos de inversión inmobiliaria no significa que estos hayan dejado de lado el mercado catalán. Según los datos recopilados por esta redacción, cerca 30 socimis que cotizan en el BME Growth y las dos presentes en el Ibex 35 (Merlin Properties y Colonial) cuentan con activos en Barcelona, aunque el volumen es muy dispar. Por ejemplo, la que más ha apostado por este territorio es Albirana, que tiene más de 7.000 inmuebles entre pisos (más de 6.600), casas, locales, naves, oficinas o garajes. Otra que destaca es Euripo, con más de 400 inmuebles, donde la mayoría vuelven a ser los pisos. Urban View también dispone de un portfolio de más de 200 propiedades en toda Cataluña, 41 de ellas en Barcelona.; y Uro Property tiene algo más de 100 en la región.
Otras de las que entraron en su día y permanecen en la ciudad condal son All Iron, Atom, Barcino, Elix, Galil, Gore, Home Capital, ParkRose, Doalca, Freshwater, Jaba Holdings, Mercal, Meridia, Next Point, Optimum III, PSN, Quonia, Tander, Testa Residencial, Vitrubio o Vivenio. En las carteras de estas firmas hay vivienda en régimen de alquiler, pero también destacan centros comerciales, hoteles, geriátricos y oficinas. Las fuentes del mercado consultadas por este diario señalan que no solo las socimis centradas en actividades como el coliving están dando de lado a la capital catalana.
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