La socimi Torimbia ha publicado los acuerdos adoptados en su última Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se puede evidenciar el desencuentro de uno de los titulares en torno a la política de retribución. Se trata de Luis Julián Fernández-Ordás Abarca, que posee un 22,13% de la empresa cotizada y fue el único voto en contra de los tres puntos sobre la materia.
En concreto, los cuatro miembros de la familia que controlan la socimi debatieron sobre la retribución de los administradores. El documento con los puntos aprobados elimina la asignación variable con indicadores o parámetros generales de referencia establecida en 2019. El nuevo estatuto solo contempla la retribución fija anual en metálico o especie. Además, la modificación establece que la cuantía máxima de la asignación fija anual se decidirá por la Junta General cada año, y elimina el tope de 511.700 euros fijado hace dos años. El cambio se aprobó con los votos a favor de cinco accionistas titulares del 71,67% del capital social, y un voto en contra, del dueño del otro 22,13% del vehículo.
La familia también sometió a votación la política de retribución de los consejos para los próximos tres años. Los accionistas decidieron que la asignación de los consejeros consistirá, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, en una cantidad fija bruta anual. El importe máximo de la remuneración anual de todos los consejeros será aprobado cada año por la Junta General y el monto atribuible a cada uno lo determinará el Consejo de Administración atendiendo a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno. De nuevo, la nueva política fue aprobada por cinco votos a favor y uno en contra.
Otro punto de fricción fue fijar la cuantía máxima de la retribución de todos los consejeros para el año 2021. El acuerdo final estableció la remuneración fija bruta anual para el Consejero Delegado, que es el propio Javier Fernández-Ordás Abarca, en 384.200 euros por el desempeño de sus funciones ejecutivas, cuando antes podía superar los 511.700 euros. El cambio implica un hachazo para el accionista, que votó en contra. Asimismo, los accionistas decidieron que se mantendrán inalteradas las cantidades que percibirán los miembros del Consejo de Administración. El presidente recibirá 50.400 euros y los vocales 40.200.
La cartera de esta socimi acumula varios hoteles, uno de los activos más afectados durante la emergencia sanitaria desatada por la Covid. Los accionistas han tenido que lanzar un salvavidas a sus inquilinos para conseguir retenerlos y sostener el sector. En esta línea, la familia madrileña aprobó ayudas este mes para los hoteles Urso y NH Hoteles España con el objetivo de "superar el difícil momento de mercado y facilitar el cumplimiento de los contratos suscritos vigentes". La socimi ha acordado con los operadores una bonificación en la renta anual de este año que espera recuperar entre 2022 y 2025 a través de incrementos de las rentas fijas y variables.
Este vehículo inmobiliario ocupa el puesto 16 entre las 75 socimis con una mayor capitalización bursátil del BME Growth, con 141 millones de euros. La cotizada no repartió dividendos a la familia durante 2020 y todavía no se ha anunciado un desembolso para este año. Sin embargo, estos accionistas no solo dependen del ladrillo para subsistir ya que cuentan con presencia en el sector de los carburantes por su actividad en el Grupo Disa junto a los Carceller Arce.
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