La Ley de Cambio Climático y Transición Energética está casi lista. El Congreso de los Diputados ya la ha aprobado, y ahora la pelota está sobre el tejado del Senado. La ley quedará aprobada, si los trámites siguen el calendario estipulado, en mayo de este año.
Para las empresas, esta normativa ofrece una oportunidad de participar en un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana, que formará parte de esos proyectos para canalizar los tan codiciados fondos europeos. Se espera un flujo de dinero de aproximadamente 200.000 millones de euros para estas iniciativas entre 2021 y 2030.
Para los ciudadanos, las consecuencias son distintas. Estos cambios van a requerir que las promotoras utilicen materiales que a día de hoy son más caros, lo que va a elevar el coste de la construcción de obra nueva. De hecho, este tipo de obras se encarecieron un 8% durante 2020. Pero, por otro lado, podrán conseguir una rebaja de hasta 1.000 euros al año en su factura energética gracias al adoptar estos nuevos hábitos verdes.
Muchos países han adelantado a España en esta materia. Reino Unido va a la cabeza en certificación de eficiencia energética en Europa. Implementó el mecanismo en 1995 e impuso su obligatoriedad en todos los contratos en 2007. El diseño de su etiqueta de eficiencia energética es más sofisticado y sí aporta información sobre los elementos más eficientes de la vivienda, el ahorro que puede suponer emprender mejoras y las posibles ayudas a las que puede optar un propietario si rehabilita su inmueble para aumentar la calificación. Dinamarca implantó la certificación en 1997 y las autoridades han precisado que los técnicos deben tener más de cinco años de experiencia en el sector para desarrollar el trabajo, según datos de la emisora de certificados Certicalia.
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