El Gobierno vasco ultima varios cambios en materia de vivienda. Uno de ellos hará de las terrazas un elemento imprescindible para considerar una vivienda habitable, y le otorgará una subvención de hasta 5.000 euros a los vecinos de los edificios que emprendan reformas para incluirlas. De esta manera, las terrazas se ponen al mismo nivel de importancia que otros requisitos básicos de habitabilidad como la extensión o incluso la salubridad.
Estos espacios exteriores deberán tener una extensión mínima de cuatro metros cuadrados, con un fondo de 1,5 metros cuadrados. De esta forma, la norma que cocina el Gobierno regional toma en cuenta las nuevas necesidades de espacio que ha generado el paso de la pandemia de coronavirus.
Por otra parte, las autoridades vascas también trabajan en un decreto que impondrá un canon fiscal anual de 10 euros por metro cuadrado a los propietarios de viviendas que han estado vacías durante dos años. Esto tiene como consecuencia que un tenedor de un apartamento deshabitado de 80 metros cuadrados tenga que abonar 800 euros al año.
El decreto en cuestión verá la luz al final de este año si los trámites se ajustan al calendario estipulado, e incluye el alquiler forzoso y la expropiación de pisos en casos extremos y en zonas que se consideren tensionadas, ya sea por los altos precios o demanda.
Sin embargo, la medida excluirá la penalización a las segundas residencias, los casos de traslado temporal por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y los hogares ofertados en venta o alquiler a precios de mercado durante un mínimo de tres meses. También estarán exentos del canon los pisos que se cedan a la administración para su alquiler protegido, los de entidades sin ánimo de lucro para acoger a personas migrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género, y los que estén siendo rehabilitados o no cuenten con las condiciones mínimas de habitabilidad.
Las autoridades de la autonomía han cifrado en más de 15.000 las casas que podrían ser 'tocadas' por la normativa. Los ayuntamientos serán los encargados de acreditar la desocupación y realizar las inspecciones correspondientes.
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