El Gobierno aprueba una nueva Ley de Costas con concesiones a 75 años

El Gobierno español ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, un texto que los ecologistas rechazaron porque sostienen que sacrificará el litoral español a la especulación, además de considerarla un retroceso.

Una de las novedades más importantes de esta nueva norma es que amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones.

Según las organizaciones Ecologistas en Acción, WWF y Seo/Bird Life, esta ampliación hará un enorme daño al medio ambiente.

Para Ecologistas en Acción, la modificación supone una privatización encubierta y sacrificar la costa española a la especulación urbanística y a los intereses privados.

Esta ONG advierte de que ampliar las concesiones "equivaldría a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida".

En opinión de José Luis García Baras, responsable del programa marino de WWF, el anteproyecto de ley de costas supone un cambio en el espíritu de la norma y un retroceso en cuanto a protección medioambiental, porque la modificación planteada prima los intereses económicos antes que el entorno natural.

También la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, destaca que con esta reforma el Gobierno no tiene en cuenta los efectos negativos medioambientales que se puedan originar.

En todo caso, el Ejecutivo español asegura que la norma persigue mayor "seguridad jurídica y la protección del medio ambiente" en el litoral, base fundamental del turismo en España, porque supondrá "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa e impedirá que acuerdos municipales aprueben obras contrarias a ella.

Entre otras medidas, la norma contempla que los titulares de las edificaciones podrán realizar obras de reparación, mejora, modernización y consolidación si no implican un aumento de volumen, altura ni superficie.

También se prevé reducir el ancho de servidumbre de 100 metros a 20 metros en determinados casos, una reducción que se contempla también, como posibilidad excepcional, para las rías.

La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.