Gallardón denuncia una violencia estructural que presiona a favor del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado hoy que "en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".

Si se observa la realidad, ha proseguido, se descubre que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras".

Ruiz-Gallardón ha respondido así en el Congreso a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez sobre si el Ejecutivo seguía teniendo la intención de "recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

El ministro ha señalado también que la reforma de la Ley del Aborto que elabora el Gobierno va dirigida "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad".

A su juicio, cuando se produce un "supuesto embarazo no deseado" el entramado social hace a las madres "responsables únicas" de conflictos o situaciones problemáticas ante las que "el legislador no debe ser indiferente".

"Es insuficiente una legislación que se limite a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer embarazada que debe de estar protegida", ha sentenciado.

Las palabras del ministro sobre la "violencia estructural" han generado reacciones en contra de diferentes organizaciones.

Así, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha recordado hoy a Gallardón que "obligar a continuar con un embarazo no deseado es un acto de violencia tan grave como tratar de impedir que una mujer continúe con una gestación buscada y deseada".

Para ACAI, "son las leyes de aborto, penalistas y restrictivas, las que obligan a las mujeres a abortar en condiciones inseguras y clandestinas".

Los profesionales de los centros acreditados recuerdan al titular de Justicia que "una mujer que desea interrumpir su embarazo lo hará en cualquier circunstancia" y sostienen que las únicas iniciativas que frenan la tasa de aborto provocado son la educación sexual, el acceso real a la contracepción y las estrategias preventivas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

"Medidas que, a la vista de sus políticas, no está dispuesto a promover el Ejecutivo popular", ha denunciado la asociación.

También las Juventudes Socialistas de España (JSE) se han sumado a la crítica, al llamar "hipócrita al PP por utilizar la excusa de liberar a la mujer para volver a penalizar el aborto".

Esta organización considera que con el cambio de esta normativa se busca "contentar al sector ultraconservador del PP, que quiere imponer sus valores morales al resto de la sociedad".

La Unión de Asociaciones Familiares, por su parte, ha considerado que las palabras del ministro no representan un retroceso, sino un "auténtico burka".

Por su lado, el responsable de CCOO en la provincia de Toledo, Jesús García Villaraco, ha criticado la "amenaza" que se cierne sobre las mujeres en el tema del aborto y ha dicho que "ni la Conferencia Episcopal, ni monseñor Gallardón, son quienes para inmiscuirse en el derecho de la mujer a una maternidad responsable".

En una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer, García Villaraco ha lamentado el regreso "a tiempos de paternalismo trasnochado" en España y ha criticado el "olor a naftalina" y la "vuelta al pasado casposo y de sacristía" que, en su opinión, se está dando en el país.

Aunque en sentido contrario a los anteriores, tampoco está satisfecha con las declaraciones del ministro la organización provida Derecho a Vivir, porque "Gallardón no entra en materia, aunque anuncia buenos principios de protección de la maternidad".

La plataforma lamenta que aún queda sin aclarar cuál es la apuesta del Gobierno respecto a los "coladeros ilegales" que se han sucedido en la legislación española sobre el aborto, tales como la salud psicológica de la madre, a la que se acogen la mayoría de las mujeres para interrumpir su gestación.