"Las fuerzas armadas han matado a por lo menos 140 manifestantes y herido a otros muchos, según activistas, en lo que podría ser la mayor crisis en Etiopía desde la violencia poselectoral de 2005", afirmó Felix Horne, de esta organización de defensa de los derechos humanos basada en Estados Unidos.
La cifra prácticamente dobla el último balance de 75 víctimas anunciado el mes pasado.
El gobierno etíope no ha vuelto a pronunciarse desde que dio un balance oficial inicial de cinco muertos. Adís Abeba acusa a los manifestantes de ser responsables de la violencia.
Las manifestaciones se iniciaron en noviembre, cuando unos estudiantes comenzaron a protestar contra un plan de ampliación urbanística de la capital, lo que suscitó el temor de expropiación de terrenos en zonas ocupadas por el pueblo oromo, entre el este al sudoeste del país.
Se trata de "una nueva denuncia de los oromo contra el gobierno, que se añade a una lista de por sí larga", explicó Horne.
El responsable de HRW teme una escalada de la crisis a raíz de la detención el 23 de diciembre de Bekele Gerba, de 54 años, vicepresidente del Congreso Federalista Oromo (OFC), principal partido de la región de Oromia.
"Empleando un puño de hierro tanto contra los políticos de oposición como contra los manifestantes pacíficos, el gobierno cierra a los etíopes la posibilidad de expresar de forma no violenta reivindicaciones legítimas", denunció Horne. Se trata de "una vía peligrosa que podría hacer peligrar la estabilidad de Etiopía a largo plazo".
La región de Oromia, que cuenta con 27 millones de habitantes, es la más poblada del país y posee su propia lengua, el oromo, diferente del idioma oficial, el amhárico.
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