El caballo autonómico: entre la zanahoria de los rescates y el palo de la intervención

¿Qué es un rescate? ¿Grecia, por ejemplo? ¿Se puede reanimar a un moribundo a base de transfusiones? ¿Qué pasa cuando al donante se le acaba la sangre? Lo que está ocurriendo con el país heleno puede servir para tomar nota de no pocas lecciones, pero, a cada mes que pasa, su parecido con la situación de algunas comunidades autónomas españolas empieza a ser preocupante. Sólo falta la tan temida intervención.

Desde que el Partido Popular asumió la Presidencia del Gobierno en diciembre no ha dejado de insuflar aire al Estado de las autonomías. Que si líneas del Instituto de Crédito Oficial, que si aplazamiento en la deuda pendiente con la Administración central, que si el pago a proveedores...

La lista de remedios se acerca a la media docena con tal de sostener a unos ejecutivos que suman el 35% del gasto público total del país, pero que fueron responsables de dos tercios del desvío de déficit en 2011.

Los gobiernos regionales necesitan liquidez o terminarán incurriendo en un impago ante sus acreedores. Se calcula que el volumen total de vencimientos que deben asumir durante 2012 asciende a algo más de 25.000 millones de euros, la mayor parte procedente de agresivas emisiones celebradas en 2011 cuando el agua ya les llegaba al cuello a la mayoría.

Teniendo en cuenta, además, que la Administración autonómica debe reducir el déficit en unos 15.000 millones (del 2,9% del PIB en que incurrieron en 2011 al objetivo del 1,5% en 2012) , ¿de dónde sacan dinero los gobiernos territoriales en plena recesión económica?

Aquí es donde entra el Estado al rescate. Por quinta vez en lo que va de año y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana como escenario, la Administración central busca que no se le muera el paciente porque eso sería también el principio del fin para todo el país.

Al quinto equipo de rescate se le ha dado el nombre de hispabonos (por el que el Estado daría la cara en la emisión de deuda autonómica), pero el problema radica en que el Ministerio de Economía no sabe cómo articularlo para que no dañe más la ya deteriorada imagen nacional ante los inversores: veáse las últimas emisiones del Tesoro.

El orden del día oficial de la reunión entre Ministerio y consejeros de Hacienda se queda en que se debatirán los planes de ajuste especiales a los que se vieron forzadas las autonomías que quisieron entrar en el pago a proveedores (todas excepto País Vasco, Navarra y Galicia).

Aquella idea, que fue el cuarto rescate decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluía una doble lectura, ya que por un lado supondría un alivio valorado en unos 17.200 millones (que fue el volumen al que ascendían las facturas que presentaron las interesadas), pero, al mismo tiempo, exigía a las implicadas a pasar por el aro de aprobar unos planes de recortes que debían ser validados por Hacienda.

Y eso es lo que estará en juego mañana. Junto a cómo seguir sobrevivendo día a día sin más efectivo. Porque es tan importante recibir los 17.000 millones del mecanismo de proveedores como garantizarse una nueva vía de financiación a corto plazo. Es tan vital el palo como la zanahoria, en resumen, y el Estado no va a renunciar al poder que ha adquirido sobre el resto.

El propio Ministerio de Hacienda confirmaba hace un mes que, con las medidas adoptadas en los CPFF de enero y marzo, la capacidad de maniobra regional estaba garantizada hasta junio. No más allá.

De ahí que ganase tanta fuerza la creación de los hispabonos a pocos días de la aprobación de los Presupuestos. Más de una comunidad dio por hecho que se incluiría en las medidas adicionales de las cuentas públicas. Pero el Gobierno frenó la idea porque seguía sin encontrar la fórmula para avalar a las CCAA sin caer con ellas ante los mercados.

¿Cinco misiones de rescate para nada?

Sin duda, el cuarto y el quinto rescate parecen más definitivos que los tres primeros. Aquellas tres iniciativas apenas fueron tiritas sobre un hachazo.

Muy poco duró la liquidez de la primera gran medida (o así se dijo que sería, grande): la de ampliar de cinco a diez años el tiempo del que disponen las autonomías para devolver el dinero que ingresaron de más en la liquidación del sistema de financiación de 2008 y 2009 (el Gobierno central calculó muy por encima los ingresos de ambos ejercicios y adelantó a las CCAA en consecuencia; luego, la crisis se llevó por delante la recaudación y los órganos territoriales tienen que devolver lo que recibieron de más).

Esta exigencia, que fue objeto de controversia política entre las autonomías del PP (la práctica mayoría) y el Gobierno socialista en otoño de 2011, se vendió como un remedio de calado cuando se estaba la oposición. Al llegar al poder, se adoptó esta prórroga en el CPFF de enero.

Pero también se tomaron otras dos medidas (o inyecciones de liquidez): el adelanto de hasta un 50% de la financiación que el Estado debe entregar a las autonomías en 2012 a la primera parte del año y la creación de una línea especial del Instituto de Crédito Oficial para solventar problemas de deudas.

El anticipo se secó de inmediato (dadas las urgentes necesidades autonómicas) y el anuncio de un plan de pago a proveedores para ayuntamientos extensible a las autonomías frenó cualquier petición de acogerse al ICO porque no había color entre una y otra, dado que los créditos ICO se emiten a un interés más elevado que el del mecanismo ideado para los acreedores.