El Gobierno duplica la deuda pública durante la crisis

  • La deuda española es uno de los pocos indicadores de nuestra economía que se mantiene en unos niveles inferiores respecto a otros países europeos. Sin embargo, su velocidad de crecimiento es el principal obstáculo. En 2007, la deuda representaba el 36,2% del PIB mientras que, según las previsiones, en 2012 se disparará hasta el 74,3%.
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El Gobierno ha enviado a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad de España para el período 2009-2013. En el documento aparecen datos del Ministerio de Economía y Hacienda que confirman que la deuda pública española se va a disparar en los próximos años. Al menos hasta 2013, cuando se espera que la cifra empiece a descender.

La deuda pública, uno de los pocos indicadores que se mantenían en unos niveles inferiores con respecto a otros países europeos, está creciendo a una velocidad importante, algo que el Ejecutivo tendrá que tener en cuenta. Según los datos de Eurostat, la oficina de estadísticas comunitaria, en 2007 la deuda pública representaba el 36,2% de la economía española. El 2008 cerró con una deuda pública que alcanzaba el 39,7% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. En un año, la cifra se disparó un 15,5%, alcanzando en 2009 el 55,2%.

Las previsiones para este año apuntan a una subida del 10,8%, hasta representar el 65,9% del total de la economía española. Y la situación de mantendrá hasta 2012 cuando alcanzará el 74,3%, más del doble de lo que representaba seis años antes. A partir de este punto de inflexión, la deuda pública empezará a reducir sus niveles poco a poco. Para el ejercicio 2013, el Gobierno espera una reducción del 0,2%, hasta el 74,1%. Un descenso escaso, pero suficiente como para dejar a España lejos de países como Portugal, Grecia o Italia.

Los niveles de deuda y déficit irán de la mano, ya que 2013 es el año que el Gobierno se ha marcado en rojo como fecha límite para poner en orden las cuentas. El déficit alcanzó el año pasado el 11,4% y, el ajuste que tendrá que realizar para cumplir con la normativa europea supone una reducción del 8,4%. Por eso, el Ejecutivo se tiene que apretar el cinturón si quiere cumplir con el Pacto de Estabilidad comunitario.

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