Jordi Besoraha ganado una batalla importante. Y no solo para él, sino para muchos transportistas, empresas y algunos ciudadanos de a pie. Besora, gerente de la empresa de TarragonaTransportes J. Besora, fue uno de los denunciantes ante elTribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)del famoso 'céntimo sanitario', el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad.El tribunal europeo ha considerado este jueves que el impuesto vulnera la legislación comunitaria.
En 2008, la compañía de Besora solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros, que tuvo que pagar a lo largo de los años por este impuesto, alegando que era ilegal. El caso acabó ante elTribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara. Besora se muestra "satisfecho" tras la sentencia. "Se nos ha dado la razón sobre el mal llamado 'céntimo sanitario', que habría que haberlo llamado 'céntimos sanitarios'.Era un impuesto que se nos estaba cobrando de manera ilegal", apunta el gerente.
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Fue un asesor de Besora el que dio la voz de alarma en 2008 y les animó a denunciar la aplicación del impuesto. "Cuando se pone en marcha un impuesto tiene que tener un carácter finalista, y en el caso de los hidrocarburos ya tenía un gravamen destinado para la sanidad. Había duplicidad de impuestos", asegura Besora.
En el caso deTransportes J. Besora, la reclamación asciende a 45.000 euros, peroel Ministerio de Hacienda ha advertido de que la cifra total que deberá reintegrar el Gobierno español será rondará los 13.000 millones de euros. Ahora, como dice Besora, "la pelota está en el tejado de la administración. Nosotros tenemos toda la documentación en regla y preparada para que se nos devuelva el dinero, aunque, de momento, no hay plazos".
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El denunciante se muestra optimista con su caso y el del resto de 60 empresas que llevaron el 'centimo sanitario' a los tribunales, pero cree que el panorama es menos halagüeño para los ciudadanos:"Nosotros tenemos todos los papales y facturas, pero es difícil que la gente que no son empresas puedan demostrar que se les estaba cobrando. ¿Quién habría pensado que tenía que guardar los justificantes?".
Besorano cree que se pueda hablar de lucro por parte de las administracionesal cobrar este impuesto, pero sí que ve demostrado que "se estaba cobrando de manera ilegal". "No es solo una victoria nuestra, sino de todos los contribuyentes", matiza. Ahora solo falta saber "cómo y cuando se devolverá el dinero".
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