La Audiencia de Barcelona condena al consejero delegado de Santander por el 'caso Banesto'

Hoy se cumplen 16 años de la intervención de Banesto y el destino ha querido que este aniversario coincida con la condena, por un delito de denuncia falsa, a tres de los ejecutivos que tomaron las riendas del banco. Se trata de Alfredo Sáenz, actual consejero delegado de Santander, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga, a quienes la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a seis meses y un día de prisión y al pago de una multa de 300 euros al día, en uno de los casos, y de 200 euros, en los otros dos, durante tres meses.

Banesto, presidido hoy por Ana Patricia Botín, presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su favor juega que la entidad ha salido victoriosa en todos los demás litigios relacionados con este caso, conocido como Caso Olabarría, en referencia al financiero Pedro Olabarría, contra quien Banesto puso una querella en 1994, al haber detectado un posible alzamiento de bienes. El juez Pascual Estevill se hizo cargo transitoriamente del proceso, que terminó siendo sobreseído. Pero, para entonces, los querellados ya habían tenido que pisar prisión por las medidas cautelares que impuso Estevill.

Tras el archivo, Olabarría y sus socios iniciaron tres procedimientos contra Alfredo Sáenz, presidente de Banesto cuando ocurrieron los hechos; José Ángel Merodio, director general del banco; Rafael Calama, director territorial; RafaelJiménez de Parga, abogado externo; y Carlos Ruiz, asesor jurídico interno.

El primero fue una querella por denuncia falsa que se inadmitió por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, y tras ser recurrida por los querellantes ante la Audiencia Provincial, ésta confirmó el archivo en abril de 1996. El segundo fue una querella por cohecho, que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en marzo de 2002. El tercero, que ha concluido con la condena por parte de la Audiencia de Barcelona, es muy similar al primero, ya que se trata de una querella por denuncia falsa, pero que ha sido presentada por otro de los deudores a los que acusó Banesto.