La reforma laboral del PSOE: abaratar y subvencionar el despido

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el decreto ley que reforma el marco laboral y lo ha hecho admitiendo que su consecuencia directa es el abaratamiento del despido. Así lo ha señalado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al reconocer que esta reforma "permitirá a las empresas reducir los costes del despido".

De hecho, entre sus principales novedades está que el Fogasa asumirá 8 días de las indemnizaciones en todo tipo de contratos, incluidos los ordinarios, y la ampliación del contrato de fomento del empleo al colectivo de 31 a 44 años, incluyendo así todos los grupos de edades.

Las modificaciones introducidas desde el pasado viernes, cuando el Gobierno hizo público el borrador del Real Decreto, han sido explicadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien, en relación al modelo austríaco, ha señalado que "debido a su importancia y a querer la máxima participación, el Gobierno entiende que deberá hacerse mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año".

Aunque todavía está por definirse cómo se adaptará este tipo de contrato a la realidad española, Corbacho ya ha adelantando que no conllevará un incremento de las cuotas empresariales a la seguridad social.

En su opinión, los objetivos de la reforma laboral son tres: incrementar la productividad, la estabilidad en el empleo y conceder mayor flexibilidad a las empresas. Respecto a este último punto, ha puntualizado que "mayor flexibilidad no significa mayor inseguridad". Además, se levanta la restricción de las ETTS en el sector de las Administraciones Públicas.

Respecto a la popularización del contrato de fomento del empleo, que contempla 33 días de indemnización frente a los 45 días actuales, Corbacho ha salido en su defensa como fórmula para combatir la temporalidad y el desempleo. De hecho, ha ampliado los supuestos a los que puede aplicarse este modelo a "trabajadores de 31 a 44 años, que hayan tenido un fijo y sean despedidos", para que facilitar su vuelta al mercado laboral.

Esta cambio prácticamente supone generalizar este tipo de contrato. Algo que Corbacho niega en este momento, pero admite que "el Gobierno apuesta decididamente por que el contrato de fomento pueda ser utilizado por el mayor número de personas". Es decir, que se ha abierto la puerta para que, poco a poco, este tipo de indemnización sea la mayoritaria, en detrimento de los 45 días actuales.

De esta indemnización, el Fogasa pagará 8 días y las empresas 25, salvo en caso de despido objetivo, en que serán 12 días. Hasta ahora quedaban fuera de esta posibilidad los contratos ordinarios de 45 días, pero a partir de ahora también serán subvencionados por el Estado.

Por su parte, De la Vega ha insistido en que este nuevo marco busca, por encima de todo, reducir la temporalidad, incentivar los contratos indefinidos, elevar la flexibilidad, introducir el arbitraje voluntario, precisar mejor las causas del despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, y mejorar la productividad.

La polémica desatada con este decreto ha llevado al Gobierno a plantearse la búsqueda de un consenso dándolela forma de un proyecto de ley, que permitirá a los partidos de la oposición introducir modificaciones. Al respecto, De la Vega ha señalado que "estos días hemos contactado con los distintos grupos para conocer sus criterios de fondo" y han constatado la posibilidad de incorporarlas a la reforma cuando se tramite como proyecto de ley. "Seguiremos trabajando para convalidar este decreto ley y conseguir el mayor consenso posible", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de poder acogerse al despido objetivo, con 20 días de indemnización, con sólo seis meses de pérdidas, Corbacho ha rechazado aclarar nada y se ha limitado a leer el decreto, cuya compleja redacción apenas concluye que el motivo para poder alegar causas económicas "dependerá del resultado específico de aquella empresa".

Además, se ha eliminado el concepto "coyuntural" de las pérdidas, que incluía el borrador y que vetaba la posibilidad de que las compañías aprovecharan ciclos puntuales para recortar plantilla a bajo coste.