La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado la aprobación del anteproyecto de Ley de la Unidad de Mercado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La principal novedad del anteproyecto, que ahora será sometido a información pública y luego pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria, es que permitirá a las empresas que tengan licencia para operar en una comunidad autónoma determinada hacerlo en el resto del territorio nacional sin necesidad de nuevos papeleos.
Éste, lógicamente, no es el panorama a día de hoy. Tanto los gobiernos autonómicos como los municipales suelen exigir licencias específicas para operar en sus respectivos territorios, lo que convierte el desarrollo de una actividad económica multirregional en una auténtica gymkana administrativa.
La vicepresidenta del Gobierno puso algunos ejemplos para ilustrar las consecuencias de esta situación. Por ejemplo, que una empresa dedicada a la comercialización de azúcar, de sal o de aguas minerales, debe completar especificaciones diferentes en su envasado para cumplir la normativa propia de cada comunidad autónoma en la que quieren comercializar sus productos.
¿Otro ejemplo? Los fontaneros.Si uno de estos profesionales quiere extender su radio de acción a dos comunidades autónomas diferentes, bien porque resida en una localidad fronteriza, bien por una pura cuestión de estrategia empresarial, se ve obligado a apuntarse en registros diferentes, en el que se le exigen trámites distintos e incluso un certificado profesional específico para poder desempeñar esa profesión en cada territorio.
"Un banco holandés puede operar en España con sólo comunicar su intención de hacerlo al Banco de España, ¿por qué no puede ocurrir esto con las empresas que operan en más de una comunidad autónoma española?", se preguntó la vicepresidenta.
La Ley de Unidad de Mercado es, según el Gobierno, la respuesta a esa pregunta.
Su objetivo esencial es acabar con la maraña de cargas administrativas que la inflación de medidas a nivel estatal, autonómica y local (hasta 100.000 se han aprobado desde 1978) había generado, y permitirá, según el Gobierno, ahorrar a las empresas recursos que permitirán impulsar el PIB un 1,5% en los próximos diez años.
Es decir, que podría generar 1.500 millones anuales, según las estimaciones del Ministerio de Economía.
El cálculo es más moderado que el realizado en su día por la patronal CEOE, que estimaba ganancias potenciales de 45.000 millones de euros (4,5% del PIB) si se eliminaran las distorsiones sobre la unidad de mercado.
Según la vicepresidenta, la nueva norma se inspira en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas.
Consciente de que regular aspectos que afecten a competencias autonómicas o municipales es un embrollo, Sáenz de Santamaría se esforzó en aclarar que no era una ley recentralizadora, sino simplificadora y de confianza mutua entre las distintas comunidades autónomas.
"No perjudica a nadie, no quita competencias a nadie, sino que beneficia más a las que tengan mas tejido empresarial", explicó la vicepresidenta, recordando después que éstas eran, por ejemplo, Madrid, Cataluña o el País Vasco...
Instrumentos de control y supervisión
Para que el nuevo marco previsto en la Ley de Unidad de Mercado sea eficaz, el Gobierno activará una red de control y supervisión, que implicará a todos los niveles de la Administración, para evitar distorsiones o posibles fraudes en la aplicación de la norma.
Para coordinar estos mecanismos se creará un Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que, entre otras cosas, analizará las mejores prácticas regulatorias para implantarlas a nivel nacional.
¿Cómo funcionará? Por ejemplo, si se pone de manifiesto que el marco administrativo de una comunidad autónoma resulta particularmente ágil a la hora de permitir poner en marcha una actividad empresarial reduciendo trámites y abaratando cargas, el Consejo podría recomendar su generalización para trasladar al conjunto del territorio las mejores prácticas, bajo el principio enunciado por la vicepresidenta de que "menos trámites es más ahorro para las empresas".
El organismo tendrá también la obligación de controlar las posibles prácticas que atenten contra el principio de unidad de mercado, por ejemplo por el mantenimiento de normas a nivel autonómico y local que pongan obstáculos a su aplicación.
En esos casos, si existe una controversia se pondrán las bases para que se pueda resolver en el trámite contencioso-administrativo y se puedan anular automáticamente las normas que vulneren el principio de la unidad de mercado.
La ley contempla, asimismo, la creación Conferencia Sectorial en la que estarán representados todos los agentes implicados en el desempeño de la actividad económica y que permitirá poner en conocimiento de las administraciones aquellas prácticas que impiden a las empresas operar con normalidad en todo el territorio nacional.
En realidad, ese ejercicio se ha realizado ya. Lo hizo CEOE hace unos meses e identificó en un informe de 207 páginas cerca de un centenar de distorsiones genéricas en el mercado por la proliferación de normas autonómicas y locales, que afectaban a todos los sectores y a prácticamente todos los rincones de la legislación
Por último, el Gobierno también anunció que la ley establecerá que la Plataforma de Contratación del Estado se convierta en una plataforma de todo el sector público, de forma que recoja todas las licitaciones que se efectúen por parte de todas las Administraciones Públicas.
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