Québec quiere que las empresas tabaqueras paguen 60.000 millones de dólares

  • Québec se convirtió hoy en la quinta provincia canadiense en demandar judicialmente al sector tabaquero con la reclamación de más de 60.000 millones de dólares por los costes asociados con el tratamiento del tabaquismo.

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 8 jun.- Québec se convirtió hoy en la quinta provincia canadiense en demandar judicialmente al sector tabaquero con la reclamación de más de 60.000 millones de dólares por los costes asociados con el tratamiento del tabaquismo.

Durante una rueda de prensa celebrada hoy para anunciar la presentación de la demanda, varios ministros del Gobierno de Québec acusaron a las compañías tabaqueras de ocultar durante años los peligros asociados con el tabaquismo y los efectos adictivos de sus productos.

"Los fabricantes saben que el inicio del tabaquismo se produce normalmente durante la niñez o la adolescencia y tenemos la intención de demostrar que han hecho todo lo posible para atraer y retener a estos clientes", dijo el ministro de Sanidad de Québec, Yves Bolduc.

El ministro agregó que "con los años, estos jóvenes se unen a las filas de las víctimas de enfermedades asociadas al tabaco, que causa una tremenda presión sobre el sistema de atención sanitaria de Québec", provincia francófona situada en la costa este de Canadá.

Las empresas señaladas en la demanda son British American Tobacco Group, que incluye Imperial Tobacco Canada, BAT Industries y British American Tobacco, además de Rothmans, Philip Morris y RJ Reynolds Group.

La demanda también incluye al Consejo Canadiense de Fabricantes de Productos de Tabaco, que representa los intereses de las empresas tabaqueras canadienses.

Québec dijo que los más de 60.000 millones de dólares que reclama representan los costes incurridos por la provincia en el tratamiento de enfermedades asociadas con el tabaquismo desde 1970, cuando se creó el seguro médico, y los gastos futuros hasta el año 2030.

El ministro de Justicia de Québec, Jean-Marc Fournier, dijo que la demanda es "particularmente detallada y documentada, con más de 1.300 documentos de los propios fabricantes, así como una evaluación rigurosa de los costos de salud relacionados con el tabaco".

Pero una de las empresas demandas por Québec, Imperial Tobacco Canadá, rechazó las razones dadas por el Gobierno provincial y dijo que la medida es simplemente una hipocresía.

"Esta demanda es una oportunidad de llevarse dinero por parte de un gobierno provincial que está intentando anotarse puntos políticos a la vez que convenientemente olvida que durante décadas ha sido un socio principal para el sector tabaquero", afirmó en un comunicado Donald McCarty, vicepresidente de Imperial Tobacco Canada.

"Los gobiernos nos han otorgado licencias, nos han sometido a impuestos, así como a nuestros consumidores, y nos han regulado, con un completo conocimiento de los riesgos asociados con el uso del tabaco", añadió McCarty.

El Gobierno de Québec señaló en su demanda que las compañías tabaqueras ocultaron durante años los peligros asociados al tabaquismo y luego intentaron minimizarlos.

"En su demanda, el Gobierno de Québec en esencia sostiene que las compañías tabaqueras han hecho representaciones falsas y que no se informaba a los consumidores sobre los peligros y los efectos adictivos de sus productos" dijo el ejecutivo.

"Estos actos se cometieron intencionalmente y de manera concertada hacia los usuarios de los productos del tabaco, entre los cuales había muchos niños y adolescentes" añadió.

El anuncio se produce pocas semanas después de que se iniciase en marzo en la provincia francófona un juicio "histórico" contra las mismas compañías tabaqueras a raíz de una demanda presentada por los fumadores de Québec.

En el juicio, el mayor caso civil de Canadá, los demandantes solicitan una indemnización de unos 20.500 millones de dólares.

Las provincias de Columbia Británica, Ontario, Nueva Brunswick y Terranova y Labrador ya han presentado demandas similares contra el sector tabaquero, mientras que el resto de las provincias (Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo) están preparando sus propias acciones judiciales.

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