La titular de este departamento autonómico, Carmen Montón, ha señalado que se ha solicitado a esta firma "toda la información respecto a su relación con la empresa B2B", entre otros documentos, "contratos, financiación y el plan financiero". Montón se ha pronunciado de este modo en los pasillos de las Corts Valencianes, preguntada por este asunto.
Este requerimiento de Sanidad Universal a Ribera Salud se produce a partir de la información publicada por El Español sobre el desvío por parte de esta UTE de "beneficios millonarios de hospitales públicos a espaldas de la administración" y por medio de "una empresa intermedia llamada B2B Salud" que facturaba "comisiones confidenciales a distintos laboratorios que venden sus productos en hospitales públicos".
La consellera ha comentado que esta noticia "viene a determinar y a constatar la falta de control por parte del antiguo gobierno del PP", "la opacidad con la cual se ha llevado a cabo el régimen de las concesiones sanitarias" en la Comunitat Valenciana" y "la connivencia que había entre la anterior administración del PP y las empresas" adjudicatarias de la gestión de servicios públicos.
"GESTIÓN DIRECTA"
Carmen Montón, que ha destacado que "esa etapa ya se terminó", ha insistido en el requerimiento de "toda la información" hecho "a la UTE Ribera Salud para clarificar esta situación". La responsable autonómica ha resaltado que "la sanidad, la salud, no puede ser un negocio" y ha subrayado la "apuesta" del Consell actual "por la gestión directa de la sanidad valenciana".
Asimismo, preguntada por si su departamento tiene constancia de que efectivamente se estaba produciendo el cobro y la facturación de las citadas comisiones, Montón ha indicado que se tiene que hacer este paso previo de requerir esa información a la UTE Ribera Salud para conocer los datos.
Sanidad Universal realiza esta solicitud de información atendiendo al contrato de gestión de servicio público por concesión entre este departamento de la Generalitat y la UTE y para velar por el cumplimiento de lo establecido en este acuerdo. La Conselleria da un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la recepción del requerimiento para que le sean facilitados los datos que pide.
Entre esta información reclama el contrato entre Ribera Salud y B2B Salud, el número de operaciones que la concesionaria ha llevado a cabo a través de esta mercantil como central de compras y para la adquisición de productos sanitarios en los años 2014 y 2015, así como copia de las facturas correspondientes y la relación de trabajadores de la firma que prestan servicios en la concesión. Igualmente, pide saber si la UTE conoce el pago y cobro de posibles comisiones que podría haber percibido la citada firma.
"BUENA COLABORACIÓN"
La titular de Salud Universal ha afirmado que espera que "haya una buena colaboración" por parte de esa empresa ya que "sino tendremos que recurrir a otras vías" por parte de la administración valenciana para conocer la información solicitada.
"En todo caso, que nosotros a estas alturas, ante lo publicado, tengamos que estar haciendo ese requerimiento de información ya demuestra que el que no obre en nuestro poder de etapas anteriores significa que ha habido una desidia y opacidad en la gestión de este modelo de concesión sanitaria" en anteriores etapas de la Generalitat, ha agregado la consellera.
"NEGOCIO CON LA SALUD"
Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha indicado respecto a la información publicada que esto demuestra algo que "siempre" ha denunciado su formación, "que ha habido unos pocos que han hecho negocio con la salud de todos para beneficio propio".
Ferri ha señalado que "eso pasa cuando vamos a modelos de gestión privada como el caso de Ribera Salud", en los que "se pone por delante de la salud de los ciudadanos los beneficios de unos pocos". "Nosotros defendemos un modelo totalmente diferente", para que "cada euro que se invierte en sanidad, en salud, vaya directamente a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas y no pase como en este caso".
El diputado autonómico ha criticado que "mientras estas concesionarias aún adeudan a la Generalitat más de 260 millones de euros en calidad de deudas por diferentes factores, estaban falseando sus cuentas y teniendo beneficios extraordinarios fuera de lo que son sus cuentas oficiales". "Adeudan a la Generalitat, al erario público, y por otro lado se están beneficiando con unos beneficios extraordinarios a través de comisiones de sus proveedores", ha censurado.
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