El control de las facturas del Ministerio de Hacienda se extenderá a 298 entes y organismos públicos catalanes de la más diversa índole. En el listado que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha enviado a la banca para fiscalizar los pagos incluye 43 empresas públicas, 16 agencias, 78 fundaciones, 7 universidades, 48 consorcios y 25 organismos autónomos.
En la diana se encuentran todos y cada uno de los organismos oficiales desde los gestores de servicios públicos como los distintos transportes, empresas de turismo o de la juventud, educativos y culturales -todos los patronatos y museos-, sanitarios, residencias, compañías de gestión de aguas y residuos, bibliotecas o las sociedades de alquiler, junto a los servicios de emergencias ‘112’ o medios de comunicación públicos.
La labor de fiscalización se extenderá igualmente a todas y cada una de las autoridades de la Generalitat: tributarias, de competencia o de protección, la oficina antifraude, el Parlamento, la Agencia catalana de Consumo e Inmigración, y la propia Comunidad Autónomas de Cataluña.
La notificación con el listado la envió el ministerio acompañado con una carta del subsecretario, Felipe Martínez Rico, dirigida a las patronales (AEB, CECA y Unacc) para que la distribuyesen entre las entidades financieras asociadas, según adelantó hoy El País.
En la misiva da instrucciones de bloquear cualquier pago de las entidades y organismos incluídos salvo los gastos de servicios públicos de interés esencial -nóminas, suministros de hospitales o educativos, etc-, si no vienen acompañados con una certificación del Interventor de que no se destinará a financiar “actuaciones ilegales” o contrarias a las decisiones de los tribunales -que promuevan, financien o apoyen el 1-O.
Junto al certificado, cualquier abono deberá ir acompañado con una “declaración responsable” del organismo, agencia o empresa pública que la ordena, donde asuman la responsabilidad y aval de que su destino es en garantía de los servicios públicos.
La carta revela que Hacienda ultima un aplicativo informático creado ad hoc para que las entidades o sus sucursales remitan toda la información exigible por cada pago que tramiten. La restricción afecta al abanico completo de soluciones: cuentas, transferencias, cheques y tarjetas bancarias, que puedan utilizar los entes afectados para gastos.
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