La financiación autonómica: compleja, poco transparente y difícil de entender

  • El Consejo General de Economistas urge un reforma del sistema para acabar con la complejidad, hacerlo más sencillo y dotar de recursos a las comunidades. 

    Valentí Pich asegura que "el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio".

El Consejo General de Economistas realiza 14 propuestas para reformar el sistema de financiación autonómica
El Consejo General de Economistas realiza 14 propuestas para reformar el sistema de financiación autonómica
EUROPA PRESS

El Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de julio deberá afrontar tres asuntos clave: reducir el déficit público; hacer que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gestores; y sacar adelante un nuevo sistema de financiación autonómica que acabe con la falta de transparencia y la complejidad del actual.

Precisamente, la financiación autonómica ha centrado el último trabajo del Consejo General de Economistas, en el que queda patente lo enrevesado de un sistema difícilmente comprensible incluso para los expertos y que genera constantes tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal.

En esta línea se expresó hoy el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, que señaló en que "el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio", algo que el actual sistema no permite.

Pich, durante la presentación del estudio, insistió en la urgencia de reformar el sistema para ordenar la capacidad normativa en materia impositiva de las comunidades, "que en algunos tributos como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja". 

El presidente del Consejo General de Economistas aseguró que "el Gobierno que salga elegido en los próximos comicios debería encarar una trascendental reforma de la financiación autonómica, dado que las CCAA son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que conforman la parte nuclear del Estado del bienestar".

Desde el Consejo de Economistas se destacó además la necesidad de afrontar la reforma con el fin de que las comunidades puedan garantizar los servicios propios del Estado del bienestar, ya que los recursos se han mostrado claramente insuficientes y ha quedado patente la desigualdad per cápita entre autonomías.

Además, se incidió en que la cesta de tributos no es coherente con una tributación global sobre la riqueza, que algunos de ellos están obsoletos y que algunos impuestos propios, como los medioambientales, son ingestionables.

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