Maza estudia si se incurrió en un delito de malversación en el mítin del 1-O

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido hoy de que quienes participen en las mesas del referéndum de independencia de Cataluña convocado para el próximo 1 de octubre puede delinquir. Además, ha explicado que la Fiscalía estudia si se pudo incurrir en un delito de malversación de caudales al organizar el acto de Tarragona para dar el pistolezato de salida a la campaña a favor del sí.

Así lo ha dicho en declaraciones a la COPE al ser preguntado a qué se enfrenta quienes reciban una citación para ser vocal o presidente de mesa para este referéndum y decida acudir.

Maza ha comentado que "habría que estudiarlo pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad".

Sobre el mitin celebrado ayer en Tarragona con la participación del presidente y el vicepresidente de Cataluña, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, y al que acudieron más de 6.000 personas, ha señalado que "tiene diferentes consideraciones jurídicas" que la Fiscalía debe valorar ya que aunque se puede hablar de un derecho de manifestación si se ha pagado con dinero público podría constituir delito de malversación.Un clam! #TAP #Tarragona #1Oct #Video pic.twitter.com/O0srFyNz4V— Pep Escoda (@pepescoda) 14 de septiembre de 2017

El fiscal general ha comentado que "están engañando a miles de catalanes que están como abducidos y a quienes tratan de convencer de que estos hechos tienen cobertura legal cuando son delitos y confío en que el referéndum no se celebre".

Por otra parte ha recordado que la Fiscalía ha abierto unas diligencias para determinar si han cometido delito más de setecientos alcaldes que firmaron decretos en los que ofrecen locales para un referéndum ilegal por las que serán citados y si no comparecen conducidos por las Fuerzas de Seguridad "como ocurriría con cualquier otro ciudadano".

Ha adelantado que los alcaldes que colaboren con el referéndum pueden incurrir en un delito de malversación de caudales públicos castigado con hasta ocho años de prisión y en otros de desobediencia (en este caso al Tribunal Constitucional) y de prevaricación castigados con penas de inhabilitación, lo que les impediría presentarse a las próximas elecciones.