Policía y Guardia Civil se rebelan y niegan la coordinación que venden los políticos

Gobierno y Generalitat siguen vendiendo una coordinación que los sindicatos policiales se niegan a admitir. La contradicción es total. Minutos después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, se congratularan de la "coordinación" entre los Mossos d'Esquadra y los otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ha permitido, en su opinión, la rápida "desarticulación" de la célula terrorista, los sindicatos policiales hablaban de justo lo contrario.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han sido rotundos a la hora de denunciar lo que consideran una "exclusión" y un "aislamiento" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de los atentados yihadistas cometidos en Cataluña.

"Una vez más la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos de nuestro país ha provocado que la experiencia y la estructura a nivel nacional presentes en la Policía y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista haya sido marginada de forma dolosa en la investigación", lamentan.

Los políticos, que intentan dar la imagen de unidad para no sufrir la ira social que supondría el uso de los terribles atentados de Cataluña, se han declarado satisfechos con la coordinación, y han destacado "el ejemplo dado a todo el mundo de un espíritu de sacrificio y de trabajo conjunto en equipo".

Según ha apuntado Millo, las competencias entre los cuerpos policiales que investigan el atentado "están muy bien definidas" y seguirán trabajando conjuntamente, de acuerdo con las directrices del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso.

"Venden que el Estado catalán es autosuficiente"

No opinan lo mismo, ni mucho menos los sindicatos de Guardia Civil y policía que han denunciado en un comunicado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han sido excluidas durante la investigación del atentado desde el primer momento "con un único objetivo, el de transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán autosuficiente, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública y asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudiera derivarse".

Aportan argumentos de calado. Hacen referencia concreta al "impedimento de acceso al equipo TEDAX (técnico especialistas en desactivación de explosivos) de la Guardia Civil a la casa de Alcanar (Tarragona) tras la explosión".

Asimismo, señalan como prueba de esa falta de coordinación el "desconocimiento por parte de las autoridades catalanas del hecho de que el imán de Ripoll (Girona) fuese discípulo de uno de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista "Chacal I" en el año 2007".

A juicio de AUGC y SUP con todo ello "queda en evidencia una vez más la flagrante vulneración de los acuerdos de cooperación así como el deficiente funcionamiento de los mecanismos de comunicación entre las Fuerzas y Cuerpos policiales de nuestro país".

Los Mossos han arriesgado su vida

En cualquier caso, SUP y AUGC reiteran su apoyo al trabajo llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra, "que han arriesgado sus propias vidas para proteger la de los ciudadanos".

"Por ello precisamente se hace más necesaria una acción conjunta que no relegue la solvencia y el bagaje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ninguneadas en esta ocasión en perjuicio de la seguridad pública", concluyen.

Y mientras los políticos han continuado a lo suyo, intentado mostrar una imagen de eficacia y colabaración que algunas de las lagunas que poco a poco se conocen de los hechos acaecidos antes y después del atentado, empiezan a resquebrajar.

Ahora, Gobierno y Generalitat señalan que las investigaciones que se centrarán especialmente ahora en las conexiones internacionales de la célula, así como la coordinación operativa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Ambos han ratificado su intención de constituir a principios del próximo mes de septiembre la comisión de seguimiento que deberá desarrollar los acuerdos que adoptó la Junta de Seguridad del pasado mes de julio, entre los que figura el acceso de los Mossos d'Esquadra a datos de Europol. Pero la rebelión de las Fuerzas de Seguridad del Estado está ahí. Y habla de algo tan grave como de la politización de la seguridad de un país.